El 3 de mayo Luis Patti tendrá que subir las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py para responder por la protección que le habría brindado al teniente coronel Jorge Granada cuando éste se encontraba prófugo de la Justicia que lo buscaba por la desaparición de una veintena de personas en 1980. Patti ya había declarado por esta causa y había sido procesado por el juez Claudio Bonadío. Un error procesal concluyó en la nulidad de lo actuado. El juez federal Ariel Lijo recomenzó con el expediente y le puso fecha a la declaración indagatoria del ex subcomisario.

Patti enfrentó a Bonadío luego de que se conociera el contenido de sus diálogos telefónicos con Granada. En uno de esos pasajes, Granada le había dicho “se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”. El prófugo sabía que otro juez, Rodolfo Canicoba Corral, había ordenado la detención de 46 represores a pedido del magistrado español Baltasar Garzón. Granada llevaba un año de prófugo y sentía que el cerco se cerraba alrededor suyo. Otro de los militares que había escapado a las citaciones de la Justicia, el coronel Luis Arias Duval, acababa de ser detenido.

Cuando en el diálogo telefónico Granada le comentó a Patti del arresto de Arias Duval, el entonces Intendente de Escobar tan solo le preguntó: “¿Eso es por tu tema?”. Un día después del diálogo, los miembros del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas ubicaron a Granada.

En su presentación ante Bonadío, Patti dijo que “si hubiera sabido que estaba prófugo, hubiera hecho lo posible para que se entregue”. Pero el contenido de sus diálogos con Granada no sostiene los dichos de Patti frente al juez. El ex subcomisario de la Policía Bonaerense no ocultó su relación con Granada. Reconoció que los unía “un vínculo de veinte años”. También admitió que le entregaba dinero “porque tenía una hija pequeña”.

Los datos y las pruebas no dejaban dudas. En septiembre del 2006, Lijo, que recibió el expediente como una desagregación de la causa en la que Bonadío investigaba la desaparición de los militantes montoneros que participaron de la contraofensiva, había considerado que la pesquisa había concluido. Al tratarse de un delito correccional debió desprenderse del expediente al elevarlo a juicio oral y público. La causa recayó en el juez federal Guillermo Montenegro, quien advirtió que el fiscal Oscar Amirante no había formulado el requerimiento necesario. Lo hizo posteriormente pero el fiscal de la Cámara de Casación Penal Pedro Narvaiz no adhirió al recurso de Amirante. La causa volvió a Lijo y la nueva indagatoria evitará la prescripción.