En diciembre del año pasado, una investigación periodística española descubrió que en un pueblito apacible de Valencia vivía con total tranquilidad Rodolfo Eduardo Almirón. Había llegado a ese país custodiando a José López Rega en su huida, en 1975. Había sido, de hecho, jefe de la Triple A. Cuando fue desenmascarado, emergió desde el olvido una causa judicial archivada a fines de los ’80. Pero, sobre todo, se abrió una oportunidad histórica: la de esclarecer todos los crímenes cometidos por aquella organización terrorista. La Sala I de la Cámara Federal está muy cerca de dar un paso decisivo para derribar ese cerco de impunidad que aún subsiste. Para eso prepara un fallo que establecería que los crímenes cometidos por aquella banda de ultraderecha durante el gobierno de Isabel Perón no prescriben, por ser delitos de lesa humanidad.

El tribunal, según pudo saber Página/12, tomaría esa decisión en las próximas semanas. Será –si no hay escollos sorpresivos– antes de la feria judicial, que empieza el 23 de julio. Lo que tiene que resolver puntualmente es un planteo de Juan Ramón Morales, otro de los líderes de la banda de López Rega, que fue encontrado casi un mes después que Almirón, cuando tomaba aire en el balcón de su departamento en Carranza y Charcas, en Palermo. Morales, que ahora cumple arresto domiciliario, sostiene que los homicidios de los que está acusado prescribieron.

El fallo que prepara la Cámara Federal llevaría las firmas de los camaristas Eduardo Freiler y también de Eduardo Farah, que ocupa transitoriamente un lugar en la Sala I. Gabriel Cavallo está excusado, ya que como juez de primera instancia intervino en una causa asociada, sobre la banda del fallecido agente de inteligencia Aníbal Gordon.

Todo indica que los camaristas avalarán los conceptos centrales de una resolución que el año pasado firmó el juez Norberto Oyarbide poco después de reabrir la causa sobre el grupo paraestatal, a raíz de la aparición de Almirón. Oyarbide sostuvo que los ataques, secuestros y asesinatos ocurridos durante el gobierno de la viuda de Perón son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado “bajo su amparo y garantía de impunidad”. Representaron, dijo, “la antesala del plan sistemático” que luego desarrolló la última dictadura militar. Bajo estos conceptos también pidió la detención y extradición de la ex presidenta.

El expediente judicial sobre los crímenes de la Triple A surgió en 1975, pero estaba olvidado. El fiscal Eduardo Taiano había pedido su desarchivo en 2005, pero no tuvo respuesta. Sólo la publicación del diario El Mundo, de Madrid, hizo aflorar ese pasado. Más aún: en ese momento, Oyarbide se dio cuenta de que desde 1984 había un pedido de captura pendiente, jamás ejecutado, contra los ex policías Almirón y su ex suegro Morales, guardaespaldas de Isabel y López Rega.

Ahora los legajos amarillentos desbordan el despacho de Freiler. La Cámara busca sumar elementos que ilustren cómo operó la estructura terrorista desde el Ministerio de Bienestar Social, que encabezaba El Brujo López Rega. Para esto, los camaristas también están haciendo una investigación propia.

La decisión en puerta tendrá efectos “prácticos” de gran importancia:

- Despejará el camino para que avance el enjuiciamiento de los personajes que a partir de diciembre último fueron imputados por el juez Oyarbide por los delitos de asociación ilícita y homicidio: Almirón e Isabel Perón, que enfrentan el juicio de extradición en España, él preso, ella en libertad; también el ex comisario Morales y un tercer ex policía, Miguel Angel Rovira, ambos con arresto domiciliario.

Todavía no fue hallado, pese a que desde mediados de enero tiene orden de captura internacional, Felipe Romeo, que dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la Triple A, una de cuyas sedes incluso se usó como pantalla de un depósito de armas y centro de operaciones. Este diario reveló a principio de año que Romeo vivía en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos. Por esos días, sospechan los investigadores judiciales, se habría ido del país.

- Permitirá que se amplíe la investigación a todos los crímenes de la Triple A, más allá de los seis que la integran desde su inicio: los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, del abogado de presos políticos Alfredo Curutchet, del ex jefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del académico Silvio Frondizi, del periodista Pedro Barraza y de su amigo Carlos Laham. Por estos casos fue extraditado en 1986 López Rega. Fue preso, pero murió antes de recibir condena, y en ese punto quedó estancado el expediente.

Desde que fue desarchivado se presentaron infinidad de familiares de víctimas, damnificados, partidos políticos y organismos de derechos humanos que nunca antes habían encontrado el contexto ni la predisposición judicial para ser escuchados. Una decena de organizaciones ya fueron admitidas como querellantes, pero muchos otros piden ser parte a título individual. Taiano espera el fallo de la Cámara para firmar un dictamen que extendería la causa por lo menos a 600 crímenes más, de acuerdo a un listado de la agrupación Justicia Ya! (que nuclea a varios organismos de derechos humanos).

La meta de la fiscalía, de todos modos, iría más lejos: apuesta, según fuentes judiciales, a esclarecer cuántas víctimas se cobró la banda fascista de El Brujo, ya que hay quienes hablan de cientos y quienes hablan de unas 2000. También pretende identificar a todos los responsables. Un verdadero desafío histórico que llega después de treinta años.