“Cuando estábamos en el exilio (el entonces jefe del Ejército Cristino) Nicolaides habló sobre los desaparecidos. En una conferencia de prensa hizo declaraciones sobre ‘12 o 14 personas’ que habían vuelto al país (en el marco de la contraofensiva de Montoneros). Años más tarde se desclasificó información del Departamento de Estado norteamericano con datos sobre la desaparición de mi esposa, Mónica Pinus, y de Horacio Campiglia. De esa documentación surge que fueron secuestrados en Río de Janeiro y que un Hércules C-130 fue a buscarlos y los trajo directo a Campo de Mayo”, relató ayer el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, en la primera audiencia pública del primer juicio contra integrantes de las Fuerzas Armadas desde la anulación de las leyes de impunidad. El caso tiene como acusados a Nicolaides y a otros nueve represores del Batallón 601.

La jornada de declaraciones se realizó en el Palacio de Tribunales, en la sala de audiencias de la Cámara Federal en la que en 1985 se hizo el Juicio a las Juntas. En los bancos destinados al público hubo una numerosa presencia de familiares de las víctimas, entre ellos los dos hijos de Binstock y Pinus, que en el momento del secuestro de su madre tenían uno y tres años.

También prestó testimonio Claudia Allegrini, compañera del desaparecido Lorenzo Viñas, hijo del escritor David Viñas. “Lo que pude saber es que estuvo tres meses en ese campo de concentración en el cual fue torturado brutalmente. Tenía las manos y los pies gangrenados por los grilletes. Murió arrojado al mar desde un avión, sin tener la oportunidad de defenderse en un juicio, como ahora tienen los militares.”

La audiencia fue presidida por el juez federal Ariel Lijo. Como el expediente se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, no será un tribunal oral el que dicte sentencia, sino el propio Lijo, quien instruye el caso. Aunque todo el proceso se hace a la vieja usanza, el Código le permitió llamar a estas audiencias públicas de testigos para completar la recolección de pruebas. Se estima que su resolución podría estar lista en agosto o septiembre.

La causa se inició en el ’82, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un hábeas corpus por un grupo de militantes montoneros desaparecidos. Luego se reactivó en 1997, después de que el sargento “arrepentido” Nelson Ramón González, ex integrante de un grupo de tareas, se presentara en un programa de televisión para contar que Nicolaides había ordenado fusilar en el polígono de tiro de Campo de Mayo a Ricardo Zucker. El militante –hijo del actor Marcos Zucker– había sido secuestrado en febrero de 1980, tras regresar al país desde Madrid, donde estaba exiliado. Su mujer, Marta Libenson, y Julio César Genoud fueron apresados con él. Las tres restantes desapariciones que se investigan son las de Verónica Cabilla, Angel Carbajal y Lía Mariana Guangiroli. El juicio también incluye el secuestro, las torturas y la reducción a servidumbre de que fue objeto Silvia Tolchinsky, quien actualmente vive en España.

El Batallón 601 llamó Operación Murciélago a la campaña de detección de esos militantes, sus secuestros y desapariciones, realizada bajo la égida del entonces comandante del I Cuerpo de Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, quien falleció mientras cumplía prisión preventiva.

Los acusados son, además de Nicolaides, siete coroneles del Batallón 601 (que coordinó el funcionamiento de todos los destacamentos de Inteligencia y centros clandestinos de detención del Ejército), un agente civil de Inteligencia y un policía. Se trata de los coroneles Julio César Bellene, Jorge Arias Duval, Pascual Guerrieri, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana, Waldo Roldán y Antonio Simón. El agente civil de Inteligencia es Santiago Manuel Hoya, que ante los secuestrados se hacía llamar mayor, y el policía acusado es “el Turco Julián”. Este último es el único que cumple prisión en una cárcel común. Los militares, en cambio, accedieron al beneficio del arresto domiciliario por ser mayores de 70 años.

Los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Oscar Amirante pidieron que se condenara a los acusados a 25 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre. Los querellantes, representados por la abogada Carolina Varsky, del CELS, solicitaron la pena máxima para todos los represores.

Los dos testigos que declararon ayer fueron pedidos por la defensa de los militares. Las audiencias continuarán hoy con el testimonio de Cristina Zucker, hermana de Ricardo y autora del libro El Tren de la Victoria, una investigación sobre el grupo de militantes de la contraofensiva. También está previsto que declare Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, quien aportó pruebas a esta causa. La jornada podría completarse con el dueño del guardamuebles en el que secuestraron a la primera de las víctimas, Angel Carbajal, y un policía que estuvo destinado a esa zona, quienes no habían sido notificados de la audiencia realizada ayer.

Otro de los testimonios tomados en los próximos días será el de Tolchinsky, quien declarará en España. La querella presentará, además, a dos personas que hasta ahora nunca declararon en el expediente.