Diecisiete represores que están presos por crímenes cometidos en la ESMA dejarán de estar detenidos en bases de la Marina. El Ministerio de Defensa ordenó que fueran llevados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, una cárcel que queda dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo. La ministra Nilda Garré tomó esta medida luego de que el juez Sergio Torres, a cargo de la investigación, le comunicara que no había “impedimentos” para alojar a los represores en ese lugar.

El traslado de los militares que están presos en establecimientos de las Fuerzas Armadas es una demanda de los organismos de derechos humanos. En base a este reclamo, la ministra de Defensa hizo un pedido a los jueces federales encargados de causas sobre crímenes de la última dictadura. Allí aseguraba que “la distribución actual de los detenidos dispersos en diversas guarniciones militares afecta el normal desempeño de las funciones legalmente asignadas a las Fuerzas Armadas y sus tareas cotidianas”.

Garré señaló en ese escrito que los militares se veían obligados a asumir tareas carcelarias, pero que el hecho se agravaba por el mal ejemplo que los presos daban a los oficiales que debían convivir con ellos: “Los militares de hoy deben desenvolverse en el mismo ámbito en que se encuentran detenidas a disposición de la Justicia, personas que, durante su actuación como miembros de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado, han desplegado prácticas absolutamente contrarias con la ética, el honor y la lealtad que deben profesar hacia el pueblo de la República aquellos que opten por la profesión militar”. Además, destacaba que se perturbaba la disciplina, ya que según la Ley de Personal Militar “el personal retirado mantiene una relación jerárquica con respecto al personal en actividad encargado de su custodia fundamentada en la antigüedad”.

El martes, Torres contestó la solicitud de la ministra y dijo que “para este tribunal no obran impedimentos legales” para el alojamiento de los acusados en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. Con esta respuesta se dispuso que fueran llevados allí 17 presos: Alfredo Astiz, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velasco, Jorge Eduardo Acosta, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Enrique Perrén, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Hugo Enrique Damario, Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), Rogelio José Martínez Pizarro, Carlos José Pazo y Miguel Benazzi Berisso.

Ellos serán trasladados a una cárcel de Campo de Mayo, donde ahora se alojan los presos condenados o sancionados por la Justicia castrense. El establecimiento, que de por sí generalmente tiene poco uso, dejará de tener sentido si, como está previsto, se deroga el Código de Justicia Militar, ya que esto implicará el fin de los tribunales militares. El Instituto Penal está actualmente a cargo de la Gendarmería y tiene capacidad para alojar a 70 detenidos en celdas para dos personas.

“Es un avance e implica reconocer que hasta hoy esta gente hacía lo que quería. Pero es una medida incompleta, ya que tienen que estar custodiados por el Servicio Penitenciario”, señaló a Página/12 Rodolfo Yanzón, abogado querellante en la causa ESMA, quien hizo varias denuncias acerca del régimen benigno de que gozaban los represores. De hecho, esta semana volvió a advertir sobre la facilidad con que los acusados en la causa ESMA salían para concurrir a consultorios médicos.

Actualmente hay 44 represores presos en la causa ESMA, 14 de ellos tienen arresto domiciliario. El resto estaba alojado en dependencias de la Marina, donde todavía quedarán 13 personas. También hay detenidos a disposición del Ejército.

La medida ya enojó a los acusados. El abogado Juan Aberg Cobo, que entre otros representa a Astiz –quien no tiene ni siquiera grado militar, ya que fue expulsado de la Armada– presentó ayer una denuncia contra la ministra.