El juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente sobre las irregularidades en la investigación del caso AMIA, pidió la realización de un informe sobre las llamadas existentes entre el entonces juez Juan José Galeano, el ex ministro del Interior Carlos Corach, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja. En realidad, Lijo busca elementos sobre la participación de Corach, es decir el Poder Ejecutivo de ese momento, en la decisión de pagarle 400.000 pesos/dólares a Carlos Telleldín. Como se sabe, ya Galeano, Anzorreguy y Beraja están imputados por las irregularidades y existe la idea de que el juicio oral se realice el año próximo. Pero quien no está imputado es Corach, pese a que la lógica indica que el Ejecutivo no podía desconocer que se realizaba el pago a Telleldín y que se plantaba una pista que sabían era falsa.

Las llamadas que se van a evaluar son las realizadas entre julio de 1995 y julio de 1996. Ese fue el momento en el que se hicieron las negociaciones con Telleldín, se concretó el pago y terminó declarando que le había entregado la Trafic del atentado a un grupo de policías bonaerenses liderado por el entonces comisario Juan José Ribelli. En el juicio oral del caso AMIA los jueces sostuvieron que se trató de un armado “al servicio de políticos inescrupulosos”. Cuando Lijo reciba las planillas de llamadas intentará establecer el nivel habitual de contacto entre Corach y los imputados por las irregularidades, pero lo decisivo será la evaluación de las fechas en las que culminaron las negociaciones y se hizo el pago. Si en los dos días en los que se le entregaron los dos pagos de 200.000 pesos a la esposa de Telleldín se verifica un incremento en las comunicaciones, Lijo considerará eso como un indicio de que Corach estaba al tanto de los pagos.

Hasta el momento la prueba principal contra Corach es la declaración del ex secretario de Galeano, Claudio Lifschitz. En su testimonio sostuvo que el juez fue a Casa de Gobierno, habló con Corach, y al regreso dijo en el juzgado: “La pista que hay que cerrar es la de los policías bonaerenses”. Galeano niega que haya dado esa orden después de una reunión con Corach, por lo que es probable que haya un careo. Los procesamientos de Lijo contra Galeano, Anzorreguy, Beraja, Telleldín y su abogado, Víctor Stinfale, fueron confirmados por la Cámara, de manera que el juez considera que la causa ya está lista para ser elevada a juicio oral.