Acuciada por el mortal tiroteo a manos de los empleados de Blackwater del pasado mes de septiembre en Bagdad, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves por la noche por abrumadora mayoría –y contra los deseos de la Casa Blanca– que las empresas de seguridad y los contratistas que trabajen en Irak y otras zonas en conflicto estén sujetos a las leyes norteamericanas. Además, Blackwater sufrió otro golpe ayer cuando un grupo de militares estadounidenses reconoció que los agentes de seguridad privada se habían excedido.

La medida requerirá que sea el FBI el que investigue cualquier alegación de abusos. La votación de 389 votos contra 30 expande el alcance de la existente Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial del año 2000, que hasta la fecha había tenido poca o nula práctica y que no era aplicable a firmas como Blackwater, que trabaja para el Departamento de Estado protegiendo a personal diplomático en Irak y que alega que su labor no está directamente relacionada con operaciones militares de guerra.

La nueva ley aprobada por la Cámara establece que cualquier empleado de una de las firmas de seguridad privadas que trabajan en el extranjero, y que cometa un delito que si fuera perpetrado en Estados Unidos acarrearía al menos un año de prisión, quede bajo jurisdicción de las leyes norteamericanas. El FBI deberá asignar unidades de investigación para cada zona de guerra en la que está implicado Estados Unidos y donde presten sus servicios estas compañías. Los contratistas que cobran del Departamento de Defensa ya están bajo la jurisdicción legal norteamericana, pero aquellos que trabajan para otras agencias de la administración Bush estaban en un limbo jurídico que les permitía no tener que responder ante los tribunales en asuntos tan turbios como el asesinato del guardaespaldas de uno de los vicepresidentes de Irak la pasada Navidad.

Hasta ahora, la doctrina de la administración era que el tipo de legislación aprobada por la Cámara el jueves pondría excesivas cargas sobre el ejército, ya que tendría que dar apoyo a las investigaciones criminales en zona de guerra. Ayer, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, reforzaba el control sobre las operaciones de la firma privada de seguridad en Irak y ordenaba “acciones para mejorar la responsabilidad y control” tras el ataque de Blackwater del 16 de septiembre que dejó hasta 17 civiles iraquíes muertos, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.

“Obviamente incorrecta.” Así definía un militar de alto rango la actuación de Blackwater el pasado mes de septiembre, según un informe al que ha tenido acceso el diario The Washington Post y publicado ayer. Según el recuento de los hechos del día 16 de septiembre, que está en posesión del Pentágono, Blackwater es responsable de las muertes. “Los civiles sobre los que se disparó no tenían armas con las que responder al ataque. Ninguno de los agentes iraquíes o de los miembros de las fuerzas de seguridad respondió al fuego”, según afirmó este militar. Aquel día, los agentes de Blackwater tenían que proteger a personal del Departamento de Estado. Al pasar con su convoy por la plaza Nisoor, en Bagdad, un coche bomba explotó, concentrando a un elevado número de curiosos. Entonces, los agentes de Blackwater se comportaron como cowboys. “Exageran en muchas situaciones”, dice este militar a The Washington Post. “Cuando se trata de disparar, lo hacen más rápido que los demás.” Los agentes de Blackwater, según la misma investigación, emplearon granadas en lugar de armas de fuego. No sólo se les critica la falta de seriedad en el trabajo de campo. El Pentágono reprocha a los mandos de Blackwater ser reacios a compartir información sobre sucesos en Irak. Por eso se presionó para que, después de la investigación oficial iniciada por el Departamento de Estado, cliente de Blackwater, el FBI tomara cartas en el asunto. El lunes pasado, esta agencia comenzaba su investigación en Bagdad.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.