Cuál es la primera lealtad de los políticos argentinos, es una pregunta de difícil respuesta. De aquellas lealtades que pueden hacer públicas, los senadores suelen repetir que primero se deben a sus provincias. Aunque no siempre lo evidencian. Algo de esto quedó demostrado el miércoles pasado cuando se discutió en el Congreso la ley de protección a los bosques nativos. A diferencia de la mayoría de las sesiones, en las que el oficialismo se encolumna detrás de las definiciones del Gobierno y la oposición las enfrenta como un bloque, en este caso las posiciones tuvieron otra divisoria de aguas. La conformación de un fondo de dinero para compensar a las provincias que tendrán que implementar primero un relevamiento forestal y posteriormente tareas proteccionistas, fue la bandera que unificó a los representantes del Noroeste y Nordeste argentino. Con todas las letras lo enunció la formoseña Adriana Bortolozzi de Bogado: “Mi madre me dijo cuando era muy joven: ‘Mirá, primero tienes que tener la libreta de matrimonio y después tú puedes cumplir el débito que te corresponde’. Por lo tanto, de la misma manera digo: primero me dan el fondo, se establece cómo se reparte, quién lo reparte, me respetan el poder de mi provincia y después yo voto. Caso contrario, no voto”.

Aunque la iniciativa fue votada en general por la totalidad de los 45 senadores presentes, lo cierto es que el núcleo de la ley está en los artículos vinculados con la moratoria que las provincias deberían implementar hasta hacer el relevamiento forestal y, por supuesto, en el fondo de reparación, una propuesta que no estaba en la redacción original, pero que los senadores lograron arrancarle al gobierno nacional. Aunque el oficialismo ganó tiempo para acercar posiciones, lo cierto es que una semana parece poco para acortar las distancias que separan a los legisladores de algunas provincias como las de Corrientes, Misiones, Formosa y Salta, con la propuesta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“La cronoterapia puede ayudar a que decanten las críticas”, dice a este diario un legislador del bloque mayoritario que también espera que alguna llamada de la Rosada convenza a los más duros. En ese lote se ubica el senador Maurice Closs, futuro gobernador de Misiones y uno de los que lleva la voz cantante de los opositores al proyecto.

El martes y el miércoles, el despacho del rionegrino Miguel Angel Pichetto fue testigo del desfile de senadores de casi todas las provincias rebeldes a la iniciativa. De estos largos meses en los que la ley estuvo paralizada en la Cámara alta, surgió la idea de compensar con dinero a las provincias que tengan que limitar el desmonte. La norma contempla una moratoria total hasta que las provincias realicen el relevamiento del que surgirá la zonificación de los bosques nativos. Aunque la mayoría se opone a la moratoria total, lo cierto es que en este tiempo el desmonte se aceleró. El coordinador de la campaña de bosques nativos de Greenpeace, Hernán Giardini, confió a este diario que del relevamiento que ellos hacen de las audiencias públicas realizadas en Salta para autorizar el desmonte, “este año se quintuplicó, ya que en lo que va del año se autorizó talar 355 mil hectáreas y el año pasado habían sido 77 mil”.

Greenpeace motorizó una campaña que fue firmada por 1.400.000 personas. “A 650 mil personas que dejaron su correo electrónico les pedimos que se comuniquen con sus representantes”, comenta Giardini. Lo cierto es que los llamados se hicieron sentir en los despachos. Cuarenta llamados fueron contabilizados en las oficinas del socialista santafesino Rubén Giustiniani. La bonaerense Hilda “Chiche” Duhalde recibió 200 llamados pidiéndole el respaldo a la ley. Por la gran cantidad que reciben, en el despacho de Pichetto dicen: “Dejamos de llevar la cuenta”.

Quienes se oponen a la iniciativa suelen criticarla porque la originó un porteño: el kirchnerista Miguel Bonasso. Cuando se la discutió en la Cámara baja, se mofaron de él llamándolo “guardabosques” y mandándolo a “cuidar un vivero”. Los porteños y Greenpeace fueron el principal objeto de las críticas de los senadores. Sin reparos, la formoseña Bortolozzi denunció que su provincia sufre “un doble colonialismo”. Para explicarlo, dijo que “en otros tiempos, vino la Forestal. Sus fundadores, los ingleses, hablaban la lengua de esa organización tan valiente que ahora nos ataca. Y ahora resulta que vienen los heroicos ambientalistas a enseñarnos lo que debemos hacer”.

“Somos una organización ambientalista con sede en 40 países”, responde Giardini a este diario. “Nos financiamos con el aporte que 40 mil argentinos hacen todos los años”, subraya para responder a las suspicacias que los senadores formulan cuando se refieren a los fondos de Greenpeace. También refuta las críticas al colonialismo y sostiene que “en los últimos 10 años la población rural cayó del 40 al 20 por ciento. No duda en calificar de “hipócrita al supuesto argumento anticolonialista cuando se desmonta para plantar soja que principalmente se exporta y que además produce el desalojo de los campesinos y los indígenas que terminan migrando a las villas miseria de las grandes ciudades”.

Después de lograr que la Secretaría de Ambiente respalde la creación de un fondo compensador, los legisladores avanzaron sobre su monto y composición. El primer dictamen establecía un 0,01 por ciento del Presupuesto nacional. La suma ascendería a unos 200 millones de pesos. El jujeño Gerardo Morales, actual titular de la UCR, propuso incrementarlo con el 2 por ciento de las retenciones agropecuarias y ganaderas. Según sus cálculos, de esta manera se sumarían unos 400 millones. La oposición no provino del oficialismo sino de su propia bancada. La chaqueña Alicia Mastandrea la criticó por estar en contra de las retenciones al agro. Argumento que la llevó a coincidir con una comprovinciana y ex correligionaria: Elisa Carrió. En el oficialismo sostienen que la composición del fondo la definirá el Ejecutivo cuando reglamente la ley. Algo que no se puede predecir cuándo sucederá, ya que la iniciativa volverá a Diputados. Para tratar de hacer prevalecer sus opiniones, los senadores intentarán que los artículos de la ley los voten los dos tercios de los legisladores. Si los diputados quisieran insistir con su proyecto original, tendrían que conseguir también el respaldo de sus dos tercios.