En Salta, el administrador del Cementerio de La Santa Cruz hablaba de un sector que no se podía tocar ni abrir. “Es uno donde hay una fosa común como de 30 metros, de esa época...”, dijo, y reinó por un instante un incómodo silencio. “Ustedes saben, ¿no? De la época brava, la de la subversión”, continuó. Su interlocutor, curioso, siguió preguntando: “¿Y por qué no se puede abrir?”. El hombre respondió seguro: “Porque hay una orden de un juez que prohíbe tocar nada de eso, ni esa fosa, ni unos nichos que hay sobre la pared que da al Portezuelo. Se supone que en esos nichos hay también desaparecidos, porque no tienen ninguna identificación y no aparecen los dueños. En la fosa seguro que hay. Aquí todavía trabaja un empleado que ha trabajado de sereno en esa época y que lo hacían quedarse de noche para abrir el portón a los militares que entraban en camiones Unimog a tirar cadáveres sin féretros ni nada, en esa fosa que era sólo de ellos”.

La informal conversación ocurrió el 5 de julio pasado, cuando un profesor de fotografía de la Facultad de Humanidades de Salta, Alejandro Ahuerma, llevó a cuatro alumnos de su cátedra para realizar un trabajo práctico sobre el oficio del cuidador de cementerios. Sin buscarlo, los hechos derivaron en aquella charla que es la que figura en la denuncia que Ahuerma junto a Agustín Poma, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la misma universidad, realizaron ante el fiscal federal Ricardo Toranzos el 7 de octubre.

En ese mismo encuentro, el administrador contó que al asumir su cargo lo obligaron a firmar un acta junto al encargado del Panteón Militar (inaugurado “sugestivamente” el 28 de agosto de 1976) en la que se afirma que allí existe “una población determinada de cuerpos”. Según los denunciantes, él está seguro de que hay muchos más.

A la causa, Poma le aportó el testimonio fundamental del testigo clave en audio. Allí, un enterrador cuya identidad está reservada, narra cómo algunas madrugadas llegaban militares a descargar cuerpos en la fosa común.

“La fosa se tendrá que abrir en marzo o abril, cuando pase la temporada de lluvias ya que, según el empleado, los cuerpos estarían enterrados como a dos metros de profundidad. En cuanto al Panteón, la línea que se está manejando es que los cuerpos estén bajo los cimientos, lo que postergaría también un par de meses la investigación. Con respecto a los nichos (que son 16), apareció un tal Luis Outef, quien aseguró ser el propietario del lote, pero no de los nichos. Sin embargo, cuando se reunió con Cornejo le pidió que haga lo que tenga que hacer porque su familia no tiene nada que ver con las construcciones. Esto hizo que todo se agilice, y el allanamiento que estaba planeado para el 10 de enero puede ocurrir incluso esta semana”, aseguró Ahuerma a Página/12.

Si bien el proceso parece avanzar, el fotógrafo está convencido de que en Salta “están tratando de tapar todo”, y denuncia una “política de ocultamiento permanente y complicidad con estos hechos demostrada por (el todavía gobernador) Juan Carlos Romero”.

Argumentos no le faltan. En febrero de 1984, Lucrecia Barquet y Doly Perini denunciaron ante la Justicia provincial que Rubén Molina, también trabajador del cementerio, había enterrado “seis o siete” cadáveres no identificados. Ese caso y otro de enero del mismo año son dos de las investigaciones iniciadas en el cementerio que el gobierno de Roberto Romero (padre del actual gobernador) se encargó de detener.

Informe: Diego González.