Por una orden dictaminada por el juez federal Abel Cornejo, dos ex policías salteños quedaron desde el viernes pasado detenidos en la VII Agrupación de Gendarmería Nacional. Se trata del ex director de Seguridad de la policía provincial Joaquín Guil, y el ex oficial de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray, ambos acusados por el secuestro y asesinato del militante peronista Agustín Fronda, ocurrido el 8 de enero de 1975.

“Resulta incomprensible desde el punto de vista procesal que, ante imputaciones concretas y probadas se haya dispuesto (sobre Guil y Alzugaray) libertades simples que deben ser inmediatamente revocadas”, señaló el magistrado en su resolución.

Con esta decisión, se puso fin a la prisión domiciliaria de la que, a sus 70 años, gozaba Guil desde julio. También conocido como el “Etchecolatz salteño”, el ex policía está imputado en las causas que investigan el operativo de secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, y la llamada “Masacre de Palomitas” del 6 de julio del mismo año, en la que fueron fusilados doce presos políticos que habían sido retirados del penal local para un supuesto traslado.

Alzugaray era el segundo del ex jefe de la Policía Federal en Salta, Ernesto Federico Livy, que también estaba implicado en la causa y falleció sin responder ante la Justicia. Luego de haber sido imputado en el proceso por la muerte de Fronda, Alzugaray gozaba de “libertad simple”, figura impuesta por la Justicia federal.

Desde el viernes pasado ambos represores deben cumplir con la prisión efectiva. El juez fundamentó su posición no sólo en “la entidad de los delitos que se le atribuyen” a Guil y Alzugaray, sino también en que podrían “eludir la acción de la Justicia” si permanecieran en libertad.

Fronda tenía 25 años y militaba en el Frente Revolucionario Peronista cuando fue secuestrado. La causa penal que investiga el caso fue iniciada en 2005 por su hermano menor, Luis Fronda, con el patrocinio de los abogados Tania Nieves Kiriako y David Leiva. En el mismo proceso, por pedido del procurador general, Cornejo decidió unificar esta causa con las que están abiertas por la detención ilegal de Víctor Hugo Elías, y las desapariciones de Hugo Eduardo y Walter Alejandro Montesinos, Julio Víctor Apaza y Nora Esther Trench.

Según Kiriaca, que tiene hoy custodia personal, resultó fundamental para el avance del proceso el aporte de Cornejo. “Miguel Medina (juez federal número 2, en cuyas manos quedó la causa cuando se inició) juró en aquella época por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. El bloqueaba todas las causas relacionadas con los derechos humanos y es por eso que hace seis años peleamos por su recusación. Finalmente lo logramos, y con esta resolución que hace un mea culpa de la Justicia federal, se comienzan a ver los resultados”, asegura.