El mayor símbolo del Plan Cóndor –la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas de los años ’70– llegará a juicio en 2008. El fiscal federal Federico Delgado solicitó ayer al juez federal Daniel Rafecas la elevación a juicio oral y público de la causa contra seis ex militares y agentes de inteligencia por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en Automotores Orletti, centro de torturas y exterminio de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente del Cuerpo I de Ejército, por el que pasaron más de 300 personas. Entre los imputados se destaca el ex personal civil del inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, símbolo de la mano de obra de la guerra sucia reciclada en democracia –fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín–, detenido en agosto de 2006 en su quinta de Mercedes, y el ex servicio Eduardo Alfredo Ruffo, alias Zapato, mano derecha del célebre Aníbal Gordon, condenado en los ’80 por la apropiación de la hija de una de sus víctimas y prófugo durante años, hasta su captura en el selecto Barrio Parque en octubre de 2006. Otros diez represores procesados en esa causa seguirán esperando turno.

Automotres Orletti, como pasó a la historia –el cartel desgastado de donde surgió su nombre decía en realidad “Automotores Cortell”, apellido del dueño– funcionó a partir de junio de 1976 en un taller mecánico ubicado en Venancio Flores 3521, barrio de Floresta, bajo el mando del general Otto Paladino, entonces jefe de la SIDE, en coordinación con el Servicio de Informaciones de Defensa de Uruguay y en menor medida la Dirección de Inteligencia (DINA) chilena. Por sus salas de tortura pasaron secuestrados argentinos, uruguayos, bolivianos y cubanos. “Fue un lugar común para los torturadores sudamericanos”, apuntó Delgado.

Los imputados en esta primera etapa son el comodoro Néstor Horacio Guillamondegui y el coronel Rubén Visuara como ex jefes de la División Operaciones Tácticas I de la SIDE, el general Eduardo Rodolfo Cabanillas como jefe de la base “OT 18” (los tres “dirigieron el campo de concentración” y serán juzgados como autores mediatos), más los agentes de inteligencia Honorio Martínez Ruiz –preso por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación cuando Rafecas ordenó su detención–, Guglielminetti y Ruffo por su participación directa en los hechos. El Pájaro Martínez Ruiz y Ru-ffo fueron sindicados por el fiscal por su actuación en 65 casos de secuestros y torturas. Les sigue Guillamondegui con 52 casos más el homicidio agravado de Carlos Santucho, hermano del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho.

Entre los 65 casos por los que deberán responder a la Justicia se destacan los secuestros y torturas de una treintena de militantes uruguayos que fueron interrogados en la cueva de la SIDE y luego trasladados hacia centros clandestinos de ese país, y el asesinato de Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, cuyo cadáver –junto con otros cuatro– apareció fondeado en el río Luján adentro de un tanque con cemento. También está incluido el secuestro del actor Luis Brandoni.

Delgado destacó en su escrito que después del golpe del 24 de marzo “el objetivo real” del gobierno de facto fue “desatar una feroz represión tendiente a despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto” y reiteró el criterio adoptado por distintos tribunales según el cual los secuestros y confinamientos en centros clandestinos implican por sí solos la aplicación de tormentos, es decir al margen de las torturas físicas puntuales en cada caso.

Existió “una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada”, con grupos de tareas y “normativas formales que cumplían la función de encubrir el accionar clandestino”. Subrayó que, igual que los oficiales nazis, los represores autóctonos no actuaron bajo coacción sino “con conocimiento y voluntad”, sin ignorar “la manifiesta ilegalidad de las órdenes que ejecutaron”.

Orletti funcionó poco más de cuatro meses, hasta que dos cautivos lograron robarles los fusiles a sus secuestradores y escaparon corriendo, desnudos, disparando hacia atrás con las armas de la SIDE. Tan rápido lo abandonó la banda de Gordon que treinta años después, durante una inspección ocular, se encontraron restos de documentos de inteligencia usados para tapar agujeros de bala. Al juez Daniel Rafecas le corresponde ahora dar el próximo paso.