A partir de dos fallos de la Corte Suprema, las maniobras de los abogados de represores para lograr excarcelaciones no serán tan efectivas. En uno de esos casos, el tribunal desestimó la queja y declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del ex suboficial Carlos Roberto Piriz para obtener su liberación. En el segundo, reiteró su voto en la causa “Guerrieri, Pascual”, según el cual la extinción de la prisión preventiva del oficial de inteligencia Santiago Manuel Hoya “no resulta automática por el mero paso del tiempo, sino que debe evaluarse en cada caso de acuerdo con las circunstancias particulares del proceso”.

Piriz está detenido desde hace tres años por secuestros y torturas en el Regimiento 9 de Corrientes. Será juzgado en febrero. Su excarcelación fue rechazada por las tres instancias previas, que adjudicaron las demoras a “dilaciones” de la defensa. La Cámara Nacional de Casación Penal fundamentó su decisión en “las elevadas penas y la naturaleza violenta de los hechos imputados (crímenes de lesa humanidad)”. En el único voto disidente de la Corte, Raúl Zaffaroni propuso dar intervención al procurador Esteban Righi para que dictamine sobre la cuestión de fondo.

Hoya –sosías de Oscar Raúl Hornos– comandó grupos operativos del Batallón de Inteligencia 601, con destacada actuación en Centroamérica en los ’80. Goza de prisión domiciliaria en el barrio Alfar de Mar del Plata y la semana próxima deberá escuchar la sentencia del juez Ariel Lijo por crímenes cometidos en 1980. Los cortesanos consideraron que los argumentos de la defensora Verónica Blanco “no son suficientes para conmover la doctrina de la Corte”.