“Fue el regalo de despedida de De Estrada.” La frase proviene de una legisladora porteña y le apunta al último voto de Santiago de Estrada, a quien apodan “El Obispo” por su buena relación con la Iglesia. Fue el jueves pasado, en una sesión maratónica de la Legislatura. La votación pasó inadvertida para casi todos los medios. Se trataba de un proyecto de la Defensoría del Pueblo que obligaba a los colegios privados a dejar sentado por escrito las causas por las que decidan no admitir a un alumno. La ley estaba pensada para evitar casos de discriminación, como el que ocurrió en 2003 en una escuela religiosa con una alumna embarazada. Pero eso no era PRO: el bloque macrista votó en contra con algo de ayuda de la Coalición Cívica (CC), que se ausentó del recinto en el momento apropiado. La votación quedó 25 a 25 y De Estrada desempató contra el proyecto.

De Estrada es uno de los políticos más astutos con los que cuenta Macri. Con la ubicuidad política de la Iglesia, supo perseverar a través de los años, tanto en las democracias como en las dictaduras: fue subsecretario de Seguridad Social con Juan Carlos Onganía y volvió a ese lugar con Jorge Rafael Videla. Lo suyo es más el compromiso con la continuidad que con el cambio: duró en el cargo lo que perduró la última dictadura. Luego Raúl Alfonsín lo recicló como su embajador ante el Vaticano. Durante el menemismo, acompañó a Palito Ortega en Desarrollo Social y luego se presentó para legislador porteño con Domingo Cavallo. Hundido Mingo, recaló en las filas de Macri, desde donde comandó durante sus dos períodos la Legislatura. El jefe de Gobierno lo ubicó ahora en la Auditoría General de la Ciudad.

Pero no se fue sin dejar su último toque en el recinto. “Fue el regalo de De Estrada para todas las empresas que hacen negocio con la educación pública y que se dan el lujo de tener derecho de admisión, sin ni siquiera fundar el rechazo de un alumno. Fue un regalo para los amigos”, dice, sin ocultar su indignación, Liliana Parada, diputada del ARI disidente, que formó un bloque por fuera de la CC.

La ley que proponía la Defensoría del Pueblo –que tenía dictamen de la Comisión de Educación– establecía que las escuelas debían “fundar por escrito las causas y los fundamentos” cuando se reserven el derecho de admisión. Es decir, no negaba el derecho de las escuelas privadas a no admitir alumnos, pero planteaba que debían presentar una justificación por escrito en caso de que se lo requirieran. Los fundamentos podían exigirlos los padres o tutores y el proyecto contemplaba sanciones para las instituciones que no cumplieran con la ley, que iban de un apercibimiento a multas y hasta la suspensión de la matrícula de la escuela privada.

La propuesta de la Defensoría partía de las más de 50 denuncias que habían recibido de casos de discriminación en colegios privados. “El derecho de admisión parte de un decreto de la dictadura”, planteó a Página/12 el defensor adjunto Gustavo Lesbegueris. “Algunos colegios hacen un ejercicio abusivo del derecho de admisión y lo que ejercen es una exclusión encubierta de alumnos”, advirtió (ver aparte).

La sesión, como suele ocurrir en los finales de una gestión, duró hasta bien entrada la madrugada. Eso no impidió que la siguieran los padres que habían hecho denuncias ante la Defensoría y que se habían presentado ante la Comisión de Educación de la Legislatura para explicar los casos. Los legisladores también habían recibido la visita de los titulares de las corporaciones de escuelas privadas.

La votación llegó cerca de las tres de la mañana y suscitó una comedia de enredos, porque De Estrada primero dio como ganador el sí y luego se rectificó y aseguró que habían quedado empatados. Votaron a favor los diputados del bloque kirchnerista, Liliana Parada, los legisladores de izquierda del Bloque del Sur, la albiblanca Florencia Polimeni y el diputado de la CTA Martín Hourest.

En contra votó el macrismo y el bullrichista Fernando Caeiro, que integra el bloque de la CC. El resto de la CC, comandada por Enrique Olivera, se había ausentado del recinto, como indica la versión taquigráfica. La votación quedó 25 contra 25 y De Estrada desempató hacia donde lo llevan sus mandos naturales. “No fue frontal la oposición, sino que se consideró que los requisitos que se pedían eran muy exagerados”, se justificó el ex legislador ante Página/12. Las privadas, por lo pronto, pueden estar seguras de no tener que dar explicaciones por varios años, dado que en la nueva Legislatura el macrismo tiene casi mayoría propia.