La Argentina se convirtió ayer en el segundo país del mundo –el primero de América– en ratificar la Convención para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, que el Congreso convirtió en ley en noviembre pasado. Aunque 71 países firmaron el documento, hasta ahora sólo Albania y Argentina lo ratificaron en la sede de la ONU, en Nueva York. Se necesita que 20 países lo hagan para que la Convención entre en vigencia internacional. La Cancillería argentina está trabajando activamente para que se llegue a ese número durante 2008.

No es casual que sea una de las primeras medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en materia de relaciones exteriores. “Es una forma de demostrar que hay continuidad en la política de derechos humanos”, explicaban ayer en Cancillería. Cuando aún era candidata, en febrero pasado, Cristina Kirchner viajó a Francia para firmar la Convención, que había sido aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2006.

En el Congreso argentino tuvo un trámite expeditivo. La Cámara de Senadores le dio media sanción el 7 de noviembre de este año y una semana después Diputados lo convirtió en la ley 26.298. Por instrucción de la Presidenta, el canciller Jorge Taiana designó a un funcionario de alto rango para que se encargue de llevar personalmente la ratificación del documento a la sede de las Naciones Unidas. La designación tuvo mucho de simbólico. El subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín Colombo Sierra, tiene dos hermanos desaparecidos y ayer declaró sentirse “muy emocionado” luego de haber cumplido con la formalidad, que en los hechos significó la adopción de un documento histórico. Colombo Sierra presentó la ratificación en nombre del gobierno argentino y también en representación de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, quienes durante años bregaron por este proyecto.

La Convención viene a llenar el vacío existente en el derecho internacional, tanto en la prevención de las violaciones a los derechos humanos como la obligación de los Estados de investigar y sancionar a los responsables. Una de sus disposiciones más importantes consagra la jurisdicción universal para garantizar la obligación de todo Estado-parte de investigar, detener y eventualmente juzgar a toda persona que se encuentre en su territorio, de la que se supone que ha cometido este delito, o de ser el caso a extraditarla, sin que se pueda considerar la desaparición como delito político para rechazar los pedidos de extradición.

Colombo realizó ayer una visita relámpago a Nueva York, que le alcanzó para reunirse con el embajador francés ante la ONU –Argentina y Francia han sido los principales impulsores de la Convención– y con representantes de los principales organismos de derechos humanos a nivel internacional como Human Right Watch, Amnesty International y el Centro para la Justicia Transicional. El funcionario estuvo acompañado por el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello.

Luego de presentar la ratificación, Colombo anunció que “Argentina liderará una campaña mundial para incentivar a los Estados a que ratifiquen la Convención para su pronta entrada en vigor. Así, la Argentina reafirma su compromiso con el multilateralismo, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el derecho internacional”.