Viernes, 4 de enero de 2008 | Hoy
EL PAíS › DEBATE SOBRE LA DESREGULACION DE LA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD
La anunciada intervención a la obra social de los trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires estaba destinada a generar revuelo, y lo logró. Desde el kirchnerismo y el ibarrismo cuestionaron la medida, advirtiendo sobre los costos que tendrá para la Ciudad, mientras que en la Coalición Cívica la vieron con simpatía. Por lo pronto, el decreto firmado por Macri aún no fue dado a conocer, por lo que todavía no se conocen sus términos. Tampoco llegó a la Legislatura, donde debe ser ratificado por los diputados porteños.
El ex jefe de gobierno y actual diputado, Aníbal Ibarra, calificó la intervención de “medida improvisada”, que “puede generarle un costo de sumas millonarias a la Ciudad, ya que la obra social de los municipales es de las pocas que sostiene a sus jubilados (los de las otras son atendidos por el PAMI) y con los planes de Macri podría quedarse sólo con los jubilados y los aportantes de categorías más bajas, lo que produciría un desfinanciamiento que terminarían pagando los vecinos”.
El diputado porteño por el Frente para la Victoria (FpV), Juan Manuel Olmos, se sumó al cuestionamiento al afirmar que “se trata de una reacción espasmódica a un reclamo gremial que es justo, por el despido indiscriminado” de unos 2300 contratados.
La intervención también fue rechazada por el titular del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal y Horizontal (Suterh), Víctor Santamaría, quien acusó a Macri de “usar el mismo método que la dictadura militar”. “Si Macri pretende usar el mismo método que la dictadura militar, interviniendo las obras sociales de los sindicatos para presionar a los trabajadores para que renuncien a sus conquistas, se equivoca”, apuntó el gremialista.
El decreto de Macri también generó expresiones de adhesión. La diputada nacional por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, dijo que “es una buena medida”. “La libre opción en la obra social de los municipales es garantía de un paso favorable para la libertad sindical”, manifestó. “La gravedad de la crisis va a depender de si el jefe de gobierno va hasta el hueso o se queda a mitad de camino”, aclaró. Más cauto, el presidente del bloque Coalición Cívica en la Legislatura, Enrique Olivera, evaluó que la decisión no resulta “desatinada”. “El servicio de la obra social deja muchísimo que desear”, y en ese sentido “compartimos la preocupación del gobierno”.
La vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, fue una de las voceras del gobierno en defensa de la intervención. Sostuvo que la medida “conmueve y genera reacciones, sobre todo de sectores que estaban acostumbrados y tranquilos, que son muy chiquitos y tenían cautivos a los trabajadores. La idea es que pase a ser una obra social como la gente y que atraiga a más contribuyentes”.
El procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, defendió la legalidad de la medida al sostener que el gobierno tiene facultad para intervenir la obra social “durante el receso de la Legislatura, mediante un decreto de necesidad y urgencia”, que luego deberá ser considerado por el órgano deliberativo. Al respecto apuntó que, de acuerdo con la Constitución porteña, el jefe de gobierno cuenta con 10 días hábiles desde que firma el decreto para enviarlo a la Legislatura, la cual cuenta a su vez con 30 días hábiles para ratificar o no la medida. Y si el Legislativo no se expide en ese plazo, a diferencia de lo que ocurre en la Nación, el decreto pierde vigencia.
El secretario gremial del Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), Alejandro Amor, insistió en reclamar que se revise “caso por caso” las cesantías de 2300 empleados. En cuanto a la intervención de la obra social, dijo que “seríamos ingenuos o hipócritas si dijéramos que no tiene nada que ver con el conflicto”. Sin embargo, sostuvo que “la respuesta no va a ser gremial sino estrictamente jurídica y política, en cuanto al concepto de obra social solidaria”. “Vamos a defender un modelo solidario de salud. El jefe de gobierno abrió la discusión; la aceptamos, pero queremos una discusión integral”.
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