El gobierno de Mauricio Macri recibirá hoy otro golpe judicial contra su intención de dejar afuera a 2400 empleados contratados. El juez Roberto Gallardo hizo lugar a un nuevo recurso de amparo, esta vez presentado por Sutecba, el gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores municipales. La semana pasada, la jueza Elena Laboratori había hecho lugar a una medida similar, solicitada por el otro gremio de estatales porteños, ATE. En la nueva medida, que será notificada hoy a las partes, Gallardo le pide al gobierno porteño que en el plazo de dos días dé a conocer la nómina de personas afectadas por los despidos masivos de fines de 2007, una lista que hasta ahora no tiene ninguno de los sindicatos. Otro juez porteño dictó idénticas resoluciones en favor de cesanteados que se presentaron en forma individual. Ayer se realizó una nueva reunión entre representantes del gobierno porteño y del sindicato, para discutir los mecanismos del censo de personal contratado y estable, acordado a principios de este año entre las partes. También se inició, en el mismo encuentro, la discusión por una recomposición salarial de los municipales.

Justamente en el acta-acuerdo firmada el 8 de enero último se basó Sutecba para su última presentación judicial. Ese documento no hace mención a los 2400 cesanteados cuando se refiere a revisar la situación del personal contratado. Pero tampoco los excluye. De hecho, en las reuniones que mantuvieron hasta ahora, el gobierno se negó a discutir sobre estos casos. Por ese motivo, el gremio decidió presentar un recurso de amparo: argumentó que el gobierno no estaba cumpliendo con el acta-acuerdo. Sutecba había presentado dos recursos de amparo en contra de la intervención a la Osba, la obra social de los estatales porteños, pero no había hecho nada hasta ahora en el plano judicial por los 2400 empleados que el 31 de diciembre se quedaron sin trabajo. Le había ganado de mano ATE, que hace una semana consiguió el fallo que ordenó la reincorporación de despedidos. Esa orden comenzó a ejecutarse a medias: según fuentes del Ministerio de Hacienda, sólo se reincorporó efectivamente al 17 por ciento de los despedidos, es decir unas 400 personas. Al resto no se les asignaron tareas.

Según confirmaron a este diario fuentes vinculadas con la causa, Gallardo tomó la resolución ayer pero recién la notificará hoy al gremio y al Gobierno de la Ciudad. Allí no sólo pide la lista de los cesanteados, sino que ordena su reincorporación “hasta tanto se resuelva el fondo del asunto”, esto es, si las cesantías se ajustan a derecho. Gallardo también ordena reintegrar a sus puestos habituales a una decena de delegados del Sutecba que fueron incluidos en el Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), una suerte de freezer del régimen municipal. Argumenta el juez que los delegados están protegidos por su fuero gremial.

La resolución de Gallardo sale cuando el gobierno de Macri espera que la Cámara de Apelaciones rechace (o confirme) las tres resoluciones de la jueza Liberatori que le amargaron el mes de enero: dos contra la intervención de la obra social y una para frenar los despidos.

Esta incertidumbre judicial pone en una suerte de limbo a los despedidos, que están yendo a cubrir sus puestos de trabajo pero que en su mayoría no tienen tareas asignadas. En teoría, si todo sigue así, deberían cobrar sus haberes a fin de mes.

Si la Cámara rechaza la reincorporación dictada por Liberatori, ¿cae automáticamente la de Gallardo? “No, porque los argumentos son diferentes”, respondieron las fuentes consultadas por este diario. La definición, incierta, se conocería en febrero.

Según dejó trascender el gremio, no es éste el último disgusto para Macri: el juez Vicente Cataldo habría otorgado recursos de amparo a empleados cesanteados que se presentaron en forma individual.

Para ese entonces ya debería estar en marcha el censo de los otros 18 mil contratados que el macrismo tiene bajo la lupa. Según el acta firmada con el sindicato, para no caer en la volteada los empleados deben desempeñar “tareas útiles para el vecino”. El gremio participará de ese relevamiento, que según la intención del gobierno, quedaría a cargo de una “consultora externa”. Ese relevamiento debería estar terminado al 31 de marzo, cuando terminan los 18 mil contratos a revisar. El censo de los más de 100 mil empleados de planta permanente, una tarea más compleja, llevaría lo que queda del año.

Otro punto sobre el que se avanzó es la reubicación de contratados en otras áreas donde sea necesario personal. Y en la creación de un instituto de capacitación, que está a cargo del Ministerio de Hacienda y su Dirección de Recursos Humanos.

Pero en la reunión paritaria también quedó abierta la discusión salarial. No se habló directamente de cifras, pero Hacienda hizo saber que, según el presupuesto aprobado en diciembre, hay unos 380 millones de pesos destinados a ajuste de salarios, lo que equivale a menos de un 10 por ciento de incremento.

En el gremio no quieren hablar de cifras, todavía, aunque adelantan que ese monto es exiguo. “Esperamos el resultado de la reunión del Gobierno con la CGT (ver nota aparte). No queremos quedarnos cortos ni pedir algo que resulte imposible”, dijo a este diario Enrique Pistoletti, miembro de la comisión directiva de Sutecba y participante de la reunión. En el encuentro también estuvieron José Ohrnialian, director de Recursos Humanos, y Alejandro Amor, secretario gremial de Sutecba. La próxima reunión está prevista para el próximo miércoles 30 de enero.

“El acta del 8 de enero no se está cumpliendo y nosotros reclamamos que exista un acatamiento general de todos los puntos”, destacó Amor. Se refería, entre otros puntos, a la discusión por los despedidos, rechazada por el macrismo. Poco después se enterarían de la resolución del juez Gallardo.