En la primera reunión con la presidenta Cristina Kirchner, la asamblea de Gualeguaychú se encontró con un parate. Los vecinos llevaron a la Casa Rosada el pedido de que se tomen nuevas medidas para afectar el funcionamiento de Botnia, pero el Ejecutivo ratificó su posición. Seguirá apoyando el reclamo contra la pastera, pero lo mantendrá acotado al Tribunal Internacional de La Haya. “No podemos acompañar nada que esté por fuera de la institucionalidad”, escucharon como respuesta. La Presidenta volvió a decir que no está de acuerdo con los cortes de ruta, pero aseguró que no va a ordenar su desalojo.

¿Cuál sería entonces el balance? Gustavo Rivollier, integrante de la asamblea, ensayó esta definición al salir de la audiencia: “Vimos buena disposición al diálogo, pero también que no están dispuestos a hacer mucho más de lo que han hecho. No se quieren apartar en nada de lo que es el camino judicial”. Si bien había un tinte de alivio porque el respaldo institucional aleja el fantasma de la represión (y para la ciudad es crucial mantener la protesta social), había también decepción porque la planta de Botnia ya está en pleno funcionamiento, y es evidente que el bloqueo del puente internacional y la presión que pueda hacer la asamblea no va a alcanzar por sí sola para cerrarla. “No nos vamos con las respuestas que esperábamos”, apuntó Osvaldo Fernández, otro de los delegados de la asamblea a la audiencia.

Gualeguaychú designó para el encuentro a dos de los integrantes históricos de la organización y a tres abogados; formaron el grupo Rivollier, Juan Veronessi, Luis Rebossio, Luis Leissa y Fernández. La delegación fue acompañada a la Casa Rosada por el gobernador Sergio Uribarri, el vice José Lauritto, el intendente Juan José Bahillo y el senador Pedro Guastavino. Cristina Kirchner los esperaba junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el canciller, Jorge Taiana; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti. La reunión se hizo en la Sala de Situaciones y duró casi dos horas.

La asamblea había preparado su reclamo con cinco temas básicos. Algunos de ellos de apoyo previsible, como pedir al Gobierno que ratificara que la lucha contra Botnia es una “causa nacional”. Los otros apuntaban a acciones que molestaran de manera directa a la compañía finlandesa. Es que junto con la vía judicial abierta en el Tribunal de La Haya, Gualeguaychú quiere impulsar medidas que resten rentabilidad a la empresa. Por ejemplo la aplicación del Código Aduanero, para que el Estado prohíba que transiten por suelo argentino camiones con insumos para la pastera, y la sanción de una ley de la madera que impida que la planta de Fray Bentos se abastezca de esa materia prima en la mesopotamia argentina.

Ambas propuestas quedaron sin respuesta en la reunión. Para la Casa Rosada, ni la aplicación de Código Aduanero ni la prohibición de importar madera virgen al Uruguay tienen suficiente sustento jurídico, y son cuestiones que necesitan de más análisis. Los asambleístas pidieron por otra parte apoyo económico para demandar a la compañía ante otros tribunales europeos, una idea que apunta a golpear la imagen de Botnia entre los inversionistas del primer mundo, y este fue una de las pocas propuestas del encuentro que tuvo apoyo.

En el encuentro hubo cruces por dos puntos: los cortes de ruta y la efectividad de los controles ambientales que está coordinando Romina Picolotti. La Presidenta reiteró las críticas al bloqueo del puente. Dijo que a su criterio, la asamblea está perdiendo imagen por la persistencia del corte, una metodología que, considera, ya no tiene ningún efecto. “Este gobierno no va a dar la orden de sacarlos de la ruta, pero sepan que bajo nuestro punto de vista ustedes se están jugando en contra al mantener el corte”, dijo la mandataria, según reconstruyeron los asistentes a la reunión.

Los vecinos le cuestionaron a su vez la postura de acotar el conflicto a La Haya. “No podemos esperar cinco años a que definan si se puede aplicar o no el Código Aduanero.” También criticaron los lugares elegidos por Medio Ambiente para tomar las muestras ambientales y pidieron que se coloquen equipos cerca del puente. Picolotti, que defendió sus decisiones y dio un informe de lo que está haciendo en la zona, ofreció a la asamblea que mande sus representantes al equipo.

Hubo, finalmente, una invitación a que la presidenta visite la ciudad, que quedó abierta. En Gualeguaychú el corte de ruta está por cumplir un año y tres meses. La asamblea prepara para el próximo 30 de abril la gran marcha al puente internacional de todos los años. La primera fue realizada en 2005 y con su masividad logró instalar el tema en la agenda política. Eran tiempos en que todavía se creía que se podía evitar la instalación de la pastera. Ahora la preocupación es totalmente diferente. La megaplanta de celulosa está en operaciones y ha tenido ya seis incidentes por fallas técnicas y humanas. “El gobierno se ata a una lógica de resignación” porque espera el fallo de La Haya, dijo anoche uno de los asistentes a la reunión, “nosotros no podemos hacer lo mismo”.