La gran quinta histórica de los Cobo, en pleno centro del Tigre, ayer fue demolida a medias, sin permisos y de un modo sorprendentemente violento. Ante la lentitud literal de la Justicia y la completa indiferencia del gobierno municipal, la destrucción de la casona no fue completa sólo porque un grupo de activistas muy jóvenes se interpuso físicamente entre las viejas paredes y la enorme bola de la máquina de demoler. La jueza que tramitaba un amparo con gran parsimonia se hizo presente sólo cuando recibió varias llamadas de los medios y una de una diputada muy enojada. Y los secretarios municipales de Tigre aparecieron por el lugar de noche, al enterarse de que se hacía una sentada en el lugar. El de Obras Públicas no tuvo que caminar mucho: su oficina está justo enfrente de la obra ilegal y el ventanal de su despacho le ofreció una vista de palco de la realización de este ilícito.

En estilo italiano y sentada en una esquina de privilegio, frente a las palmeras de la avenida San Martín y apenas cruzando el río de la nueva estación de trenes de Tigre, la casa Cobo es más conocida como el viejo Club Tigre, que la tuvo de sede por muchos años. En 1989 el lugar se remató y su amplísimo terreno de casi cuatro manzanas fue loteado para viviendas y locales. La casona quedó solita en la esquina, todavía asentada sobre un amplio jardín con su larga verja original. Para que fuera posible el loteo, la Municipalidad le levantó por decreto y sin explicaciones la protección que tenía como bien histórico, concedida en 1983.

La casa se fue arruinando gradualmente en estos veinte años, mal usada en actividades diversas. Hasta que el año pasado se volvió a hablar de ella en el Tigre porque surgió un proyecto inmobiliario y hotelero. Los suburbios de la zona norte también viven el boom inmobiliario y especulativo de todo Buenos Aires y los vecinos del Delta ven con alarma grandes compras de terrenos en tierra firme y en las islas, para futuros desarrollos de countries y barrios diversos. En el caso de la quinta Cobo, el negocio reúne a viejos actores de la política de los ochenta.

Por un lado están los fundadores de la agencia de turismo Asatej, que en tiempos de Alfonsín eran ardientes militantes de la renovación radical. Dueños ahora de la casona y el terreno, se preparaban para construir un hotel en sociedad con la cadena norteamericana Howard Johnson, que tiene un sistema de franchising similar a McDonald’s. Así, la Howard Johnson no construye sus hoteles, sino que opera y administra bajo franquicia los que construyan sus asociados. Los socios deben haber tenido charlas nostálgicas con el gerente de Howard Johnson encargado de estas cosas: Alberto Albamonte supo ser político, liberal y aficionado a cosas como caminar por el centro disfrazado de pollo para criticar al casi olvidado Mazzorín, que tuvo problemas con la cadena de frío de los alimentos de la ayuda social.

Si alguna vez se construye, el Howard Johnson de Tigre será una verdadera rareza y un contrasentido. El proyecto muestra una copia en hormigón del viejo Tigre Hotel, incendiado hace años, que ocupaba el terreno vecino al flamante museo de arte local. Lo curioso es que los socios buscan destruir un edificio patrimonial real para reemplazarlo con la copia de uno ya desaparecido. Y hasta esperan que los feliciten, como lo han manifestado ante todos los que vieron el proyecto.

La casa Cobo sería una memoria ya perdida si no fuera por un grupo de vecinos muy jóvenes que se lanzaron a intentar detener el proyecto. Con el nombre de No a la demolición, los muchachos –todos estudiantes nacidos y criados en el Tigre– recorrieron despachos, hablaron con funcionarios, recogieron excusas e indiferencias y terminaron presentando un amparo la semana pasada para evitar que la casona fuera destruida. Ayudados por la diputada porteña Teresa de Anchorena y por la bonaerense Liliana Piani, que ya presentó en la Legislatura de la provincia un proyecto de catalogación de la casa como monumento histórico, los jóvenes Damián Zarattini, Aldana García Morales, Demián Cameli y Francisco Rinaldi se presentaron a la Justicia.

Lo curioso del sistema judicial bonaerense es que los amparos no tienen un fuero en sí, como en la Capital, sino que son tomados por cualquier juzgado que estuviera de turno. Así, el amparo para evitar la demolición recayó en la jueza Sara Nasif, del Tribunal del Trabajo 3 de San Isidro. La juez rechazó el amparo este miércoles, alegando que no había ninguna urgencia en la cuestión, y solicitó a la Municipalidad de Tigre que le informara si estaba autorizada la obra y la demolición.

Fue como una señal: ayer a la mañana llegó a la quinta Cobo una formidable máquina de esas que tienen una gran bola metálica colgada. La máquina comenzó a batir con estruendo y revuelo los frágiles ladrillos de la casa. Tal fue la violencia que la vecina más cercana quedó aterrada por los golpes que hacían temblar su casa y la cubrían de polvo y escombros. Los jóvenes militantes comenzaron a llamar a la Municipalidad y al juzgado, sin resultados. La diputada Piani logró hablar con la jueza Nasif, pero se quedó esperando que el intendente Sergio Mazza le contestara alguno de sus llamados. Finalmente, los de No a la demolición se pusieron físicamente entre la máquina y la casa y detuvieron la destrucción.

Mientras tanto, la jueza había llegado a la conclusión de que el caso de la quinta Cobo iba a dar mucho que hablar y se presentó, rodeada de secretario y colegas del tribunal, a la demolición. Allí comprobó que no había ninguna autorización de demolición ni de obra y clausuró todo hasta nuevo aviso. El secretario de Obras Públicas de Tigre podría haberle ahorrado el viaje: su despacho está exactamente enfrente de la quinta Cobo y el funcionario, que se encarga justamente de esos permisos, pudo ver el ilícito en primera fila. Nada hizo para impedirlo excepto alegar, más tarde y entre los indignados vecinos que se reunieron en el lugar, que no sabían que se iba a hacer nada en la quinta. Es curioso, porque la Municipalidad había accedido a cortar el tránsito para que se llevara la inmensa máquina de demoler a la casona.

Una nota curiosa de esta historia es que sigue vigente una ordenanza de 1979 en que los dictadores de la época crean un casco histórico en Tigre e incluyen explícitamente la casa Cobo. Al estilo militar, la ordenanza indica que no se puede demoler sin autorización especial y que el que infrinja esa orden será detenido sin más. Es, de hecho, la única promesa de prisión jamás hecha al que destruya el patrimonio.

Para la diputada Piani las cosas son más simples: “Esto es una muestra de la impunidad que logra el poder económico cuando se asocia al poder político”.