La Cámara Nacional de Casación Penal denunció a uno de sus secretarios, Daniel Enrique Madrid, a causa de una irregularidad cometida en el trámite de una causa iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo. El 26 de diciembre del año pasado los abogados de la institución recibieron un fallo de la Sala IV de ese tribunal, en el que se hacía referencia a una resolución que supuestamente se había emitido una semana antes. Esas decisiones avalaban la libertad del represor Victori Rei, acusado por la apropiación de un menor durante la última dictadura. Pero el fallo al que hacía referencia el escrito y en el que se basaba para llegar a una conclusión, que se suponía fechado el 19 de diciembre, no había sido emitido. La resolución llevaba la firma de los jueces Gustavo Hornos, Ana Durañona y Vedia y del secretario Daniel Enrique Madrid. Cuando el abogado Luciano Hazan concurrió al tribunal para interiorizarse del tema, Madrid le dijo que se había tratado de un “error” y que no había ninguna resolución relacionada con Rei hasta febrero de este año. Abuelas resolvió recusar a Hornos, Durañona y Vedia y Madrid. Luego, otra sala del tribunal que intervino en el caso hizo la denuncia penal, que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.