La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que no adherirá al “cese de actividades” convocado por las entidades agropecuarias para el lunes, salió a repudiar la posibilidad de que los empresarios rurales utilicen un método como la carpa blanca para reclamar “la defensa de intereses antagónicos con los intereses populares”. La secretaria general de Ctera, Stella Maldonado, le dijo a PáginaI12 que la medida es una “afrenta francamente inaceptable” porque la carpa blanca fue “un símbolo de lo que significó la resistencia popular a las políticas neoliberales”. Maldonado consideró las retenciones “un instrumento válido de la política económica”, pero advirtió sobre la “gran deuda social” del Gobierno. Para la titular de la mayor organización docente del país, “se debió avanzar previamente en un plan integral”, que incluya a todas las partes del sector. “Esta situación recae siempre negativamente sobre los sectores más vulnerables”, sentenció.

–¿Cuál es la posición de Ctera frente a la Sociedad Rural que plantea apelar a las formas de protesta que durante años utilizaron los docentes?

–Nos produce indignación por el papel histórico que ha jugado la Sociedad Rural en relación con la defensa de los intereses de los grupos más concentrados de capital, que no son simplemente agropecuarios, sino que están vinculados también con los intereses financieros. Nos parece una afrenta que se plantee que va a utilizar como método la carpa blanca, porque para nosotros es un símbolo de lo que significó la resistencia a las políticas neoliberales a las que ellos nunca se opusieron. No sólo en términos de política educativa sino en el conjunto de políticas que se aplicaron durante los ’90. Entonces, pretender usar esta herramienta de lucha popular para la defensa de intereses de minorías, que necesariamente son antagónicos con la defensa de los intereses populares, nos parece francamente intolerable.

–¿Cuál es la posición de Ctera respecto de las retenciones al agro?

–Son un instrumento de política económica válida. Seguramente hay que perfeccionarlo y profundizarlo. Es necesario gravar también la renta financiera, la minería y cambiar la alícuota de ganancias, entre otras cosas. Pero hacer retroceder al Gobierno en su política de retenciones como insisten los productores agropecuarios significaría maniatar las posibilidades de intervención del Estado y de su obtención de recursos. Nosotros nos ocuparemos luego de llevar adelante las luchas necesarias para que esos recursos sean distribuidos en términos de satisfacción de los derechos sociales y económicos de todo nuestro pueblo.

–Sin embargo, le critican al Gobierno que no haya diferenciado a los pequeños productores.

–En realidad, los productores más pequeños son los que están agrupados en el MoCaFor de Formosa, el MoCaSE de Santiago del Estero, el MoCaJu de Jujuy o el Mam de Misiones. Todos esos movimientos campesinos que realmente tienen muy pequeñas parcelas no participan de ninguna manera del boom sojero. Ellos son los más perjudicados y no están involucrados en esta lucha. Lo que están discutiendo es el significado del “pequeño productor”, porque muchas veces se lo llama así a un propietario de 500 hectáreas en la pampa húmeda que hoy de ninguna manera es un pequeño productor porque tiene una renta muy importante.

–¿Las retenciones son utilizadas como una forma de distribución de la riqueza?

–En este sentido, el Gobierno tiene una gran deuda social con nuestros niños y con nuestros viejos porque, por ejemplo, hay que mejorar sustantivamente las jubilaciones. También tenemos graves problemas de salud y de vivienda en todo el país. Pero nunca vamos a poder avanzar en la lucha por la distribución de la riqueza si los sectores más concentrados de capital logran impedir una legítima herramienta de recaudación.

–Sin embargo, en el acto en Rosario se manifestó un apoyo muy importante del interior del país.

–En algunas zonas, en el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe, en parte de Entre Ríos, en el norte de la provincia de Buenos Aires hay apoyo de aquellas localidades cuya economía está absolutamente vinculada a la producción agraria. De todas maneras, aun en esos lugares hay debate porque también está bajando la recaudación de los municipios y el aumento de precios genera una gran preocupación. Esto no significa que el Gobierno no debió haber utilizado otros procedimientos para concertar con los pequeños productores. Se debió avanzar previamente en un plan más integral que incluya un desarrollo agropecuario de la industria frutihortícola, avícola. Sin embargo, esta situación recae siempre negativamente sobre los sectores más vulnerables.

Entrevista: Sebastián Abrevaya.