Una nueva Junta Nacional de Granos

Por Marisa Duarte *

Cuando se iniciaron las negociaciones para destrabar el conflicto con el campo, el presidente de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, en una intervención no consensuada con sus pares, propuso la creación de una nueva Junta Nacional de Granos, idea que fuera tomada de buen grado por la Presidenta. El episodio fue relatado por La Nación (12 de abril de 2008) de la siguiente manera: “Tenemos que hablar de una Junta Nacional de Granos”, la azuzó Buzzi. Ni lerda ni perezosa, ella (la Presidenta) contrarrestó: “Pero ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Los cuatro están de acuerdo?”. Y los escudriñó con la mirada. Los otros tres, Luciano Miguens (SRA), Mario Llambías (CRA) y Fernando Gioino (Coninagro), miraron sin responder. “Pero también tenemos que plantear una ley de arrendamiento”, dijo Buzzi. Al término de la reunión, los restantes representantes de las entidades agropecuarias se mostraron en desacuerdo con la propuesta de Buzzi. En los días posteriores el tema salió de la agenda.

¿Qué implicaría hoy la reedición de una entidad como la JNG?

Esta rebelión del campo mecanizado tuvo un antecedente en diciembre de 2006 cuando la tendencia al crecimiento del precio de la soja en el mercado internacional se iba consolidando. Una de las propuestas que enunciaban los especialistas en el sector agropecuario era la creación de un ente que equilibrara las relaciones de poder en el interior de la cadena de valor. Ya en diciembre de 2006, el especialista en política agropecuaria Horacio Giberti proponía la recreación de la Junta Nacional de Carnes y de la de Granos, aduciendo que “era el único instrumento que podía poner en vereda a los exportadores” (PáginaI12, Cash, 17 de diciembre de 2006).

En la actualidad existen pocos planteos concretos acerca de cómo podría ser un nuevo ente de regulación del comercio de granos. Sin duda el más importante es el proyecto de ley que presentara, en agosto de 2007, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Alberto Cantero para “crear el Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (Enpyccaa)” que tendría a su cargo ejecutar las políticas que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos defina a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población argentina.

Las competencias de la entidad serían:

a) Promoción de las buenas prácticas comerciales de las personas físicas o jurídicas que operan en el mercado agropecuario y agroalimentario.

b) Sanción de las prácticas desleales, monopólicas, monopsónicas, oligopólicas u oligopsónicas realizadas en producción, industrialización y distribución de alimentos.

c) Seguimiento y control de las exportaciones de productos y/o subproductos agroalimentarios.

d) Aplicación de mecanismos antidumping para productos y/o subproductos alimenticios que pudieran dañar el aparato productivo nacional.

e) Compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por sí o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población argentina.

f) Implementación de promociones, estímulos, apoyos económicos y beneficios fiscales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, transparencia y competitividad en la cadena agroalimentaria y equidad en la distribución de la renta de la misma.

Según el propio impulsor “esta nueva entidad pretende promocionar determinados cultivos e impulsar la seguridad alimentaria, tal cual hacen todos los países desarrollados. Pretendemos contar con una herramienta que garantice la alimentación de todos los argentinos por un período de tres años. Es decir que el Estado sabrá exactamente cuál es su stock de alimentos, cuánto se produce mensualmente, cuánto se transforma y cuánto se exporta. Será un organismo con autoridad para asegurar la libertad de competencia y transparencia de los mercados; evitará la cartelización de los grandes productores y las conductas oligopólicas tanto en la compra como en la venta de alimentos. El comercio de granos y alimentos está concentrado en muy pocas manos” (PáginaI12, 11 de abril de 2008).

La FAA ya habría dado su acuerdo con el proyecto. El mismo se encuentra en discusión en el Congreso y se espera que avance presuroso a la luz de los problemas que el exceso de libertades a los exportadores produce sobre los intereses de la Nación y de gran parte de los argentinos, en particular de los pequeños productores de soja y de los trabajadores de las producciones menores (algodonera, frutihortícola, tambera).

Nuestro país ha pecado de un exceso de liberalismo en los años noventa, que entronizando el mercado terminaría, a mediano o largo plazo, devorándose la fuente de la riqueza del ciclo actual. El intento del Gobierno de revertir esa situación mediante la apropiación de una parte de las ganancias extraordinarias está chocando con una férrea oposición de intereses. El discurso con el que se viste esta negativa es la unilateralidad del Gobierno. Ahora bien, si se retomara la propuesta original que Buzzi lanzara de forma brutal y sincera en la primera reunión con la Presidenta, ¿sería una medida unilateral, inconsulta e impuesta? Tal vez lo que haya que discutir es cuál será el destino de los fondos e incluso exigir que el superávit fiscal tenga como objetivo encauzar al país en un modelo de desarrollo integrador de las distintas regiones, sectores económicos y grupos sociales.

* Investigadora de Flacso.

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Democracia y conflicto social

Por Norma Giarracca *

Existen conflictos que expanden los bordes de la institucionalidad democrática y otros que ponen en peligro los escasos avances del proceso de democratización iniciado en 1983. El conflicto que protagonizan el Gobierno y los sectores capitalistas del campo se ubica en la segunda categoría. Los cortes de esta tercera etapa del conflicto son más complejos que los primeros. Es lógico que así sea pues pasó tiempo, se suman frustraciones, se polarizan las posiciones y circulan agravios por todos lados. Las diferencias se registran en muchos niveles, los sentidos de las acciones difieren entre un corte y otro. Entre aquel donde predominan pequeños productores que suman tierras en arriendo a unas pocas hectáreas propias y los otros que se encuentran alrededor de las grandes empresas sojeras, los grandes tambos o los terratenientes ganaderos de Buenos Aires.

En las zonas mixtas (agrícola-ganadera) se reconoce la legitimidad del reclamo ganadero aunque, según con quién se hable, muy diferentes son las porciones de la ganancia que se llevan los distintos sectores en los eslabones de la producción. Pero todos reconocen que el sector rural trabaja mucho más para ganar lo mismo o menos que los sectores comercializadores. Otro tanto pasa con los tambos y se podría sumar cada una de las problemáticas de los cultivos agroindustriales. Cada vez, la diferenciación social interna de los distintos tipos de productores de una misma actividad es mayor y, por otro lado, se acentúan las asimetrías con los otros agentes económicos de los eslabonamientos agroindustriales.

Ya no existe un solo y fuerte elemento que aglutine los reclamos como en los primeros días del paro. Cada vez salen más reivindicaciones particulares. El interrogante es si esas diferencias de situaciones económicas, posicionamientos sociales, tienen correlato en los discursos políticos o si tienden a la homogeneización a partir del eufemismo “gente de campo” o por la profundización del conflicto.

Los discursos de los dirigentes de las cuatro entidades se esfuerzan por mostrar problemas comunes y por guardar un mismo tono bastante mesurado en relación con la democracia y legitimidad del Gobierno (aunque éste lo ponga en duda). Es decir, no se les oyó decir a los ruralistas que el conflicto intenta desconocer el plazo de mandato gubernamental. Por el contrario, las narrativas de los productores son muy diferentes entre sí. Se puede escuchar desde el respeto incondicional a la institucionalidad y a la figura de una mujer en el Gobierno, hasta deslizamientos claramente antidemocráticos de algunos grupos de grandes productores de las regiones más ricas. Es de marcar que la “masculinidad” del campo pampeano se siente irritada frente a una mujer en la máxima autoridad y se expresa mediante un “supuesto humor” de carteles y pancartas.

En las zonas donde prevalecen la gran propiedad o grandes pools de siembra, la duda que circula es si los productores están solos o están acompañados en las rutas por los grandes ganadores del modelo sojero y del agronegocio, que comenzaron a preocuparse por esta inesperada situación generada en los últimos 80 días y que ponen en suspenso sus fabulosas ganancias. Estas diferencias en las rutas cortadas son invisibilizadas por el discurso oficial de un “solo campo”, al que pretende enfrentar y disciplinar con dispositivos en los que también se ponen en riesgo muchos logros de estos años de democracia. Se arriesga el respeto a la oposición política, a la libertad de expresión de las ideas, a disentir. La judicialización de esta o cualquier protesta significa jugar peligrosamente con el derecho a peticionar. Incluir en esta acción a políticos de oposición es correr los límites del juego político partidario. Que el Gobierno hable por un partido y un sector económico por “la sociedad”, tampoco es demasiado republicano.

Este grave conflicto, que atrapa al conjunto de la sociedad, está muy lejos de representar un dispositivo de oportunidades que conduzca a expandir derechos, democratizar la concentrada economía o lograr la soberanía alimentaria. Al contrario, emergen viejos rasgos sobre los que hemos reflexionado críticamente desde las ciencias sociales, el arte y el periodismo para poder comprender la responsabilidad que le cupo a la sociedad civil en los períodos ominosos de nuestra historia reciente. Para llegar a buen puerto existe una variedad de soluciones técnicas y una masa de conocimiento –desperdiciado– que pueden contribuir a la cuestión impositiva y a políticas agrarias, pero debemos recordar que hay una sola salida política: el respeto por la democracia, salir con más democracia.

En una recorrida de campo hallamos productores que no apoyan al paro, así como suponemos que existe mucha gente en las ciudades que no apoya las medidas del Gobierno, ni su actitud de cortar el diálogo. Ese gran sector –“los tibios”, según el ministro De Vido– creo que es mayoritario. Estos y muchos otros ciudadanos tienen sentimientos encontrados, están mortificados y con temor por nuestros rasgos como sociedad. Estos sentimientos, además, se suman a los profundos sufrimientos de millones de argentinos que experimentaron la cara oscura y violenta de la expansión del agronegocio en el campo, o una inclusión marginal y empobrecida que el modelo con sus divisas millonarias le ofreció vía programas sociales, o trabajos informales de muy bajos ingresos en los mundos urbanos. ¿Tanta riqueza para esto?

* Profesora de Sociología Rural.

Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales (IIGG-UBA).