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Por Horacio Verbitsky

La detención de cuatro dirigentes sindicales de Neuquén y la orden de captura de otros siete, a quienes la justicia provincial procesó bajo cargos de coacción agravada, daños y lesiones constituye un caso testigo, de repercusión nacional.
La permanente movilización popular de la que el sindicato de trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores Argentinos han sido el núcleo central, impidieron que el gobernador Jorge Sobisch, del hegemónico Movimiento Popular Neuquino, pudiera rebajar los salarios o privatizar las empresas públicas. Su inquina hacia el secretario general de ambos organismos, Julio Fuentes, creció con la activa oposición de ATE y CTA a lo que Sobisch llamó su “alianza estratégica” con Repsol. O dicho en términos menos abstractos: a la prórroga por diez años en la explotación de Loma La Lata, el mayor yacimiento gasífero de América y uno de los más grandes en petróleo. Esta decisión implica una transferencia de ingresos a la compañía española de 40.000 millones de dólares. Para Repsol, al menos, la alianza es estratégica: Sobisch acompañó a los petroleros a Olivos para presionar en contra de la aplicación de la ley que les impuso una retención a la comercialización externa de hidrocarburos.
Las movilizaciones masivas también impidieron la privatización del sistema jubilatorio y de asistencia social que, en Neuquén, se concentran en un mismo Instituto. Las prestaciones médicas a sus 50.000 afiliados fueron suspendidas, al mismo tiempo que se demoraba el pago de las jubilaciones y se ponía en práctica un plan de jubilaciones de privilegio para funcionarios judiciales. Esta irritante prebenda, al mismo tiempo que se ponían en entredicho los derechos básicos, a la vida y a la salud, desató la protesta general. Para reclamar por el vaciamiento de ese Instituto de Seguridad Social, una tumultuosa marcha de todos los gremios estatales llegó hasta el mismo despacho de su administrador, que terminó con un ojo en compota. El propio agredido, Helmut Hetinger, el secretario del Instituto y otros quince testigos declararon que no mediaron palabras ni amenazas por parte de Fuentes ni de los otros diez procesados, lo cual desmorona la arbitraria calificación de coacción agravada dispuesta por el juez Alfredo Velasco Copello, a instancias del fiscal Alejandro Cabral quien, además, pedía que toda la comisión directiva de ATE, y sólo la de ATE, fuera procesada por asociación ilícita.
Sobisch ya había levantado las licencias gremiales, retenido gran parte de la cuota sindical, sumariado a todos los dirigentes de ATE y CTA como paso previo al despido, e invertido el noventa por ciento de la publicidad estatal en denigrarlos. También los denunció ante cada protesta pública, aunque no hubieran participado, por lo cual Fuentes ya tenía antes de ésta quince causas penales. Neuquén, con 400 casos, encabeza el sombrío ranking nacional de casi 3000 trabajadores procesados por participar en cortes de ruta y protestas sociales. En una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales ha denunciado esta práctica perversa que desvirtúa el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Por si no fuera suficiente con el hostigamiento de una justicia servil, en la noche del viernes fue secuestrado un colaborador de Fuentes en la CTA, Roberto Peña. Su modesta bicicleta fue rodeada en el barrio Los Pioneros por varias motos, un auto y dos camionetas policiales. En la comisaría 5ª de Centenario (una ciudad satélite que está a 15 kilómetros de Neuquén), le pegaron y lo amenazaron de muerte. “Te salvás porque te vieron cuando te levantamos, la próxima aparecés ahogado”, le dijo uno de los policías. Su denuncia por coacción y apremios ilegales no provocó el menor entusiasmo investigativo.
Durante la larga década del pensamiento único y el modelo inapelable un viaje a Neuquén fue no sólo un recorrido en el espacio, sino también en el tiempo, hacia la década de 1970. Ahora que la voluntad contestaria se ha generalizado al resto del país, Neuquén tiene la oportunidad de abrir unavez más un rumbo diferente. La Cámara de Apelaciones tiene desde ayer la causa contra Fuentes. Está en sus manos confirmar el peligroso sesgo que pretende darle a la justicia un poder político subordinado a los grandes intereses económicos o revertirlo, dejando en claro que luego del derrumbe del Consenso de Washington la ley servirá para disuadir o castigar a los delincuentes que la violen y no a los trabajadores que en forma organizada reclamen por la vigencia de sus derechos esenciales.