–¿El proyecto de Ley de Educación Superior se va a tratar este año?

–Estamos en eso. Es otro de los temas que no ocupó ningún lugar en la atención pública y sin embargo hubo debates en el consejo de rectores, las universidades, en el Congreso. Nuestra idea es llegar con una propuesta que goce del mayor consenso posible y confío en que lo lograremos.

–A pesar de los realineamientos que aparecieron en el Congreso con la votación sobre las retenciones móviles a las exportaciones...

–No veo que esas diferencias políticas tengan la misma vigencia en el debate sobre las universidades. Lo que hemos comprobado en los debates entre rectores, estudiantes y profesores es que no existen divisiones que pasen por lo político partidario. Al contrario, noto mucho más consenso que diferencias. Las discusiones giran en hasta dónde puede llegar la ley, si tiene que ser general o más reglamentarista. Esperemos que el Parlamento y la sociedad tengan tiempo para debatir. Es preferible esperar un poco más y tener consenso, sobre todo porque necesitamos que la ley tenga continuidad.

–¿Van a presentar un proyecto?

–El proyecto que presente el Ejecutivo, como pasó con la Ley Nacional de Educación, va a ser discutido incluso con los propios legisladores.

–Hace poco, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, dijo que las universidades no debían confundir autonomía con autismo. ¿Qué piensa?

–El Gobierno está promoviendo las carreras que son prioritarias para el desarrollo nacional: ingenierías, ciencias naturales, carreras científico-técnicas. No es que las ciencias sociales no tengan importancia, lo que pasa es que ahí no hay problema de demanda. Tenemos déficit en las carreras científico-técnicas, incluso sectores de la producción ven limitada su capacidad de crecimiento por falta de recursos humanos calificados. Nadie puede aislarse mucho, más si depende de los fondos públicos. Tenemos que establecer en la ley los mecanismos que traduzcan este comportamiento responsable, a través de mayor eficacia, procesos de acreditación, de la puesta al servicio a la comunidad del resultado de las investigaciones: que las universidades se comprometan con las necesidades sociales, en salud, educación, vivienda, trabajo y producción.

–¿La gratuidad se va a garantizar?

–La gratuidad está en la Constitución nacional.