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“Hubiera preferido que la Corte mantuviera la decisión de la Cámara de Casación, la de declarar la inconstitucionalidad de la ley 22.278, porque yo creo que esos chicos, que son menores de 16 años, no son punibles y por lo tanto no deben estar encerrados”, sostiene Claudia Cesaroni, especialista en el tema de la minoridad vulnerada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), entrevistada por este diario. Pero también defendió otros aspectos del polémico fallo: “Es interesante lo que dice, y hay que atenderlo, que todos los órganos del Estado son garantes, y que los jueces tienen la obligación de controlar dónde están los pibes, tienen la obligación de revisar los casos y decidir que no deben estar internados, detenidos”.

–Pero hay que atender el fallo también, porque sostiene que no están creadas las oficinas que ordena la ley 26.061 encargadas de la protección de los derechos vulnerados. Estas oficinas no están creadas y funcionando.

–Un resorte del Poder Ejecutivo. Uno se pregunta dónde y quién trabajaría con estos chicos, pero también los jueces ordenan detenerlos.

–Estos pibes legalmente no son punibles. Si un chico como Kitu (se refiere al chico detenido por el caso Barrenechea) cometió un hecho grave y no es punible sería hipócrita y peligroso que el Estado no haga nada. Pero no se trata de bajar la edad de imputabilidad. Yo quiero que la edad de imputabilidad siga estando en los 16 años.

–¿Pero cómo se resuelve?

–El Estado no puede desentenderse, porque si no interviene de una manera interviene de la otra. Interviene la policía matándolos, intervienen los jueces encerrándolos, no es que el Estado no está interviniendo. Yo no quiero que intervenga de esa manera.

–Ahora el Estado interviene deteniendo a los chicos por debajo de la edad que el mismo Estado dispone como límite.

–Por eso, yo hubiera preferido que la Corte fallara a favor de la inconstitucionalidad. Pero hay que entender el fallo de la Corte. Está diciendo que la 22.278 (cuyo artículo primero es el que desata esta polémica en particular) no fue derogada, que los chicos deben ser atendidos en oficinas de protección que no fueron creadas en la mayoría de los lugares. Recién ahora, en la provincia, están empezando a aparecer. Y no es sólo crear esas oficinas. También es darles presupuesto, programas. Es lo mejor que tiene la ley 26.061, cuando hay un pibe que tiene sus derechos vulnerados lo que hay que hacer es ayudarlo, resolver la problemática laboral de sus padres, hacer de contención, ver qué problemas tiene en la escuela, llevarlo ahí de nuevo si es que no está yendo. Pero son espacios que deben ser creados. Y donde funcionan son buenos, son lugares con asistentes sociales, docentes. Antes del gobierno de Macri en la Ciudad había planes de reinserción en escuelas secundarias, son los proyectos llamados puente, son las políticas públicas que intentan reinsertar al pibe en algún estrato social.

–Pareciera que ninguno de los poderes del Estado se anima a resolver el problema. El Legislativo no reemplaza la ley, el Ejecutivo no dispone de los medios y ahora la Corte, el Judicial, dice que no puede hacer nada.

–El problema del fallo es no declarar la inconstitucionalidad, pero el problema de fondo es qué se hace con los pibes no punibles que cometen hechos graves, qué hacemos con esos pibes. Es un debate, y la Corte decidió que no puede resolver ese debate.