El represor Ricardo Cavallo seguirá detenido e irá a juicio oral por secuestros, tormentos y desapariciones ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura, entre ellos los de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y el periodista Rodolfo Walsh. Lo resolvió la Cámara Federal porteña al confirmar su procesamiento con prisión preventiva en el marco del cuerpo principal de la megacausa ESMA y tres desprendimientos: los casos de la iglesia de la Santa Cruz, Walsh y la apropiación de bienes de secuestrados.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que, de quedar libre antes del juicio, existe “riesgo concreto” de fuga y de intimidación a testigos, y recordaron que Cavallo fue apresado en México, donde vivía con documentos falsos. Así optaron por no seguir la línea de un fallo de su tribunal superior, la sala II de la Cámara de Casación penal, que en la misma causa excarceló a represores como Jorge “El Tigre” Acosta, por excesos en el tiempo de detención sin condena firme. Irurzun y Farah recordaron incluso lo ocurrido al desaparecido testigo Jorge Julio López en La Plata, como precedente a la hora de rechazar la excarcelación. Cuando sea enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres, Cavallo deberá responder por delitos como tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte, asociación ilícita, extorsión y robo. Además, quedaron firmes embargos en su contra: 12 millones de pesos por el secuestro de las religiosas francesas, un millón por Walsh, 1,2 millón por el apoderamiento de bienes y la suma mayor, 428 millones de pesos, por unos 500 casos de tormentos y asesinatos de la causa principal.

En el caso de las monjas francesas “existen suficientes testimonios que prueban la permanencia de las víctimas en la ESMA, en donde el imputado Cavallo integraba el sector de inteligencia y/o estaba a cargo del sector denominado pecera, así como de los tormentos que padecieron”. Las monjas Domon y Duquet fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, en un operativo contra familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Otras víctimas fueron la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, María Esther Balestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bulit, Remo Carlos Berardo y Horacio Aníbal Elbert. De todo el grupo, se encontraron los cuerpos de Auad, Ponce de Bianco, Ballestrino de Careaga, Duquet y Villaflor y pudo establecerse que fueron víctimas de los “vuelos de la muerte”. Por este caso ya fueron enviados a juicio los represores Jorge Acosta, Raúl Scheller y Jorge Radice, entre otros, y está procesado Alfredo Astiz, quien se infiltró en el grupo de familiares.

Por el secuestro y asesinato de Walsh, la Cámara desechó los argumentos de la defensa de Cavallo, que insiste en sostener que no estuvo en la ESMA mientras transcurrían estos hechos. Cavallo quedó procesado como “partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, por haber sido cometida con abuso de funciones y perpetrada con violencia o amenaza, en concurso real con el de robo agravado, por haber sido cometido en lugar poblado y en banda”. El periodista y autor de la “Carta Abierta a la Junta Militar” fue interceptado el 25 de marzo de 1977 entre las 14.30 y las 16 por el grupo de tareas 3.3 de la ESMA, en cercanías de las avenidas San Juan y Entre Ríos. Un compañero de Montoneros lo había delatado tras haber sido torturado. Walsh fue baleado al intentar defenderse y fue trasladado a ese centro clandestino, donde desapareció. Testigos de la causa señalan que uno de los represores, al que apodaban “Sérpico” –hoy se sabe que se trataba de Cavallo– había preguntado a secuestrados si sabían del paradero de Walsh poco antes del crimen.