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Dado su trabajo en el Ministerio de Defensa, vincularon su investigación a una operación del Gobierno contra las entidades patronales del campo.

–Ninguna persona seria podría pensar esa posibilidad. Por un lado, nadie con 30 años de trabajo académico pondría en riesgo esa trayectoria. Por otro, es un hecho de la realidad, el Gobierno no pidió, no creo que quiera y ni pueda prohibir el glifosato. Algunos medios inventaron esa conspiración, una jugada de mala leche. De hecho he padecido algunas presiones desde el riñón del oficialismo. Así que nadie puede decirme que es una operación del Gobierno.

–¿Qué funcionarios lo presionaron?

–Prefiero, por ahora, no dar sus nombres.

–Además de los funcionarios que impulsaron, y sostienen los agronegocios –sobre todo en la Secretaría de Agricultura–, existen altos funcionarios ligados al sector de las biotecnológicas, y que impulsan los agrocombustibles, una segunda sojización.

–No voy a dar nombres. Pero en vez de la confrontación o la presión habría que profundizar los resultados, conformar equipos interdisciplinarios. La reacción más razonable, la más científica, la más humana hubiera sido ésa, sobre todo si hay una señal de alerta sobre una cuestión relacionada con la salud humana. La reacción lógica hubiera sido profundizar las investigaciones, estudiar la diferencia entre biodegradabilidad y descomposición, las diferentes vías de penetración, revisar la normativa de uso y controlar los efectos sobre la salud humana de manera sistemática. Pero si se privilegian los negocios, no avanzarán con nuevos estudios.