El caso Badaro fue la resolución que, en diciembre de 2007, la Corte adoptó ante el pedido de Adolfo Badaro, quien solicitaba la adecuación de su jubilación según el artículo 14 bis de la Constitución. Como respuesta, el Tribunal ordenó que el Poder Ejecutivo y el Congreso dictaran reglas generales que permitieran cumplir con ese mandato. En esa ocasión, la decisión judicial indicó que la solución debía llegar en “un plazo razonable”. Quien por entonces detentaba la titularidad de la Anses, Sergio Massa, rescató en su momento la limpieza de la sentencia: “preserva la función de cada poder, deriva al Congreso la fijación de las pautas de movilidad, admite que la movilidad no es ajuste por inflación sino que puede ser diferente según el momento por el que atraviesa el país, y reconoce los aumentos por decreto otorgados por el Gobierno”. Esa flexibilidad que permite el recurso sugerido por Righi alienta el optimismo de quienes demandan matrimonio legal para gays y lesbianas.