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“El pedido de información que querían sostener por una resolución administrativa es anticonstitucional por donde se lo mire. Sobre todo, porque para el gobierno significa una falta grave no completar una declaración jurada, que es algo compulsivo. Por eso presentamos un amparo en el Juzgado N° 12 y realizamos una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Tenemos sospechas fundadas de que los datos que pretendían obtener eran para orientarse en los trabajos de la gente y en función de eso, producir despidos”, comenta el secretario gremial de ATE, seccional Capital Federal, Marcelo “Nono” Frondizi.

Para el dirigente sindical, a los trabajadores se los colocó en la falsa disyuntiva de “optar entre la vulneración del derecho a su intimidad mediante una medida nula de nulidad absoluta, o ejercer un derecho fundamental y que se considere una falta grave no completar un trámite con el consiguiente peligro de sufrir un despido o la exoneración”.

Frondizi analizó que “quizá no se vuelvan a producir de un saque despidos masivos como ocurrió cuando Macri echó a 2400 compañeros. Pero sí podría sacarse trabajadores de encima de modo sectorizado, de a poco”. En ATE sospechan que quedarían expuestos a la cesantía entre 4 y 5 mil contratados de los 16 a 18 mil que aspiran a pasar a planta permanente, la única manera en que tendrían garantizada la estabilidad.

La ciudad mantiene precarizados a miles de trabajadores bajo distintas modalidades contractuales desde cuando la gobernaban administraciones anteriores a la actual. Una de las prácticas más extendidas es la de aquellos contratos que se hacen bajo el régimen de locación de servicios y de obra (establecido por el decreto 60 de 2008). Así ingresaron a la ciudad personas que perciben salarios muy bajos –en el orden de los 1500 pesos– y otras que, durante el actual gobierno, revistan como asesores y cobran ingresos mensuales por sumas que no bajan de los cinco dígitos.