A partir de marzo de 2010 los registros sobre dueños y empleados de agencias de seguridad privada en poder del gobierno porteño estarán en la web a disposición de la sociedad civil. La medida fue aprobada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires a partir de un proyecto de ley presentado por la diputada Gabriela Cerruti, de Nueva Democracia. La reforma de la ley 1913 se originó a partir de una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales, luego de que la Dirección General de Seguridad Privada y el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, le negaran a Página/12, en dos oportunidades, el acceso a los registros de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y de Scanner SA, ambas vinculadas con represores de la última dictadura prófugos de la justicia. La norma fue declarada inconstitucional por el juez Roberto Gallardo, que en abril le ordenó al gobierno porteño suministrar los datos. La Legislatura estableció que, entre otros datos, se deberán publicar en Internet los nombres, DNI y “antecedentes profesionales” de socios y empleados de las agencias. El proyecto original de Cerruti planteaba la necesidad de conocer “antecedentes en fuerzas de seguridad”. Los legisladores PRO condicionaron su apoyo a otra modificación: que los antecedentes se conozcan dentro de seis meses, tiempo suficiente para pulir los registros.