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Cristina Fernández de Kirchner promulgó ayer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya fue publicada en el Boletín Oficial, a pocas horas de su sanción en el Senado. La premura fue explicada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que la Presidenta “se había autoimpuesto” ese objetivo antes de partir en misión oficial a la India. En el Gobierno negaron que el apuro pueda vincularse con el hecho de que el vicepresidente Julio Cobos quedó desde ayer al frente del Poder Ejecutivo, con poder de veto incluido. “Cobos no iba a hacer semejante barbaridad”, sostienen.

Aunque juren que no creen en brujas ni que eligieron curarse en salud, el propio jefe de Gabinete le pidió personalmente a Cobos, ayer a las seis de la mañana, apenas sancionada la ley en el Congreso, que firmara la ley y se la despachara lo antes posible. En un par de horas el Gobierno la tuvo en su poder firmada por el vicepresidente y por el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner.

La promulgación de la ley fue anunciada en conferencia de prensa por Fernández. Allí señaló que la Presidenta se había autoimpuesto dejar la ley publicada en el Boletín Oficial antes de partir hacia Nueva Delhi y contó que incluso iba a postergar el viaje si no era sancionada antes de su partida.

El jefe de Gabinete no precisó cuándo la ley 26.522 será reglamentada por el Poder Ejecutivo. Sólo dijo: “El tiempo óptimo, es el tiempo más corto posible”.

El jefe de ministros dedicó una parte de su exposición a destacar la nueva ley que, dijo, habían intentado sancionar sin suerte los ex presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

También subrayó que fue debatida en 80 foros y audiencias públicas en todo el país, que “le incluyeron al proyecto original más de 200 modificaciones” y sostuvo que lo esencial es que “esta ley reemplazará a otra creada por la dictadura”.

“Ahora el control está en el poder político, en el Ejecutivo, junto a la primera y segunda minoría, con representantes de las empresas periodísticas, productoras y desarrolladoras de contenidos, además de un académico”, dijo Aníbal Fernández.

También afirmó que quien se sienta afectado por la ley, “tiene todo el derecho del mundo” a presentar una demanda judicial, aunque en su opinión, “no tendrá ningún sustento”. En el mismo sentido afirmó que la ley no puede ser atacada por inconstitucional. “En las audiencias públicas los constitucionalistas no han rebatido estos puntos o presentado su visión sobre aspectos anticonstitucionales”. Y con sorna se refirió a los abogados que opinaron sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley sólo lo hicieron a través de los medios de comunicación afectados. “Sólo son constitucionalistas porque toman el tren en Constitución.”

También contestó una pregunta sobre las sospechas del ex presidente Eduardo Duhalde sobre presiones indebidas a senadores que votaron a favor de la ley. “Quien dice eso muestra una enorme cuota de ingenuidad política o de mala leche; en cualquiera de los dos casos, no voy a responder”, sostuvo.

Fuera del tema de la promulgación de la ley un periodista de Clarín le preguntó su opinión sobre la denuncia de esa empresa contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. “¿Usted se refiere a los dichos de Carlos Collasso, quien según el diario Perfil era empleado de Clarín, no? No me constan”, respondió el jefe de Gabinete.

Collasso era uno de representantes del Estado en la empresa Papel Prensa de la que Clarín es principal accionista. Su declaración ante escribano público, describiendo una supuesta acción intimidatoria de Moreno, fue tomada por ese grupo para hacer una denuncia penal contra el funcionario.

Ante la insistencia periodística, Fernández sostuvo que “se trata de una denuncia, sobre una denuncia, sobre denuncia; es como hablar del hermano del cuñado de mi tía. Así como está planteado no puedo darle entidad”.

Un periodista de La Nación, empresa que es socia de Clarín en Papel Prensa, le comentó que según este testimonio de Collasso (tanto ante un escribano y luego como testigo en la causa que lleva el juez Octavio Aráoz de Lamadrid), Moreno habría dicho que el Gobierno estaba analizando expropiar Papel Prensa.

“Si la pregunta es si este gobierno tiene interés en expropiar Papel Prensa, la respuesta es no; no tenemos ningún interés”, respondió el jefe de Gabinete.