Si los embajadores de Europa, Norte y Sudamérica no vivieran en la Argentina la pasmosa carta de Elisa Carrió que denuncia “la formación incontrolada de grupos armados en distintos puntos del país” hubiera causado alarma. Según la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, el gobierno sería responsable de una escalada de violencia física. En los tres poderes del Estado se advierte una “degradación de las instituciones”. Como ejemplo menciona algunos hechos propios del juego político e institucional, como el adelanto de las últimas elecciones, las denominadas candidaturas testimoniales, la financiación irregular de las campañas, la delegación de facultades legislativas, el “uso abusivo” del veto presidencial y de los decretos de necesidad y urgencia, la alegada inconstitucionalidad de ciertas leyes que no identifica, la violación de los reglamentos parlamentarios, la extorsión económica a gobernadores provinciales, “el permanente ataque al periodismo y la legislación que pretende avasallar la libertad de expresión y la pluralidad”. La legitimidad del Poder Ejecutivo habría sido socavada por un poder espurio, ya que quien decide “no ha sido elegido” para ello (?). Estos hechos le parecen tan graves y extendidos que vulnerarían los principios y normas de derecho internacional y obligarían a desechar el principio de la “no intervención en los asuntos internos”. Carrió notificó a los gobiernos de los países amigos que en la Argentina están comprometidos la democracia representativa y los derechos humanos, que “ya no pertenecen sólo al orden interno de los estados, sino que son parte inescindible de la trama normativa del Derecho Internacional Público”. Llegó a invocar el caso de Honduras. La CCL no ve antagonismos entre su proclamada adhesión absoluta a las instituciones republicanas y este reclamo de intervención extrajera, al que también recurrieron los antirrosistas del siglo XIX y los antiperonistas del siglo XX. Carrió se asigna la “pesada responsabilidad” de “ayudar a la presidente” CFK “a terminar su mandato”. El monje negro que concibió esta pieza de colección es el embajador Miguel Angel Espeche Gil, un hombre de la Iglesia Católica cuyo departamento a pocas cuadras del Obelisco rebosa de crucifijos tallados en madera, imágenes del propietario en compañía de los últimos pontífices y muebles monacales. Fue acercado a Carrió por el presidente del Episcopado Católico, Jorge Bergoglio, cuya declaración de esta semana sigue las mismas líneas del documento de la CCL. Hace tres décadas, Espeche Gil tuvo a su cargo el departamento América del Norte de la cancillería argentina. Documentos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense muestran de qué modo defendía entonces la democracia y qué opinaba del interés internacional por los derechos humanos en la Argentina. En 1977 se quejó en tono emocional al secretario de asuntos interamericanos Terence Todman por la falta de reconocimiento a las presuntas mejoras en la situación de los derechos humanos en la Argentina. En cambio la embajada anota que calló cuando le pidieron explicaciones por el secuestro de las monjas francesas y las Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz. En 1978 protestó porque el embajador Raúl Castro dijo que la Argentina tenía mala imagen y no reconoció “los progresos realizados”. Cuando Estados Unidos reclamó que se invitara al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Espeche acompañó al vicecanciller naval Walter Allara en la amenaza de exigir el retiro de la misión militar norteamericana, porque las condiciones para la visita le parecían ofensivas para un país soberano. En 1979 propuso canjear la libertad del periodista Jacobo Timerman por elogios del gobierno de James Carter al de Jorge Videla. También justificó la detención de dirigentes sindicales en ocasión del primer paro contra el gobierno militar, en 1979, porque así se garantizaba “el derecho a trabajar”. Prosiguió en la diplomacia mucho más allá de la dictadura sin ser molestado. Es autor de una doctrina que lleva su nombre, según la cual la Corte Internacional de Justicia de La Haya debería declarar que la deuda externa de los países del tercer mundo es ilegítima. Espeche comenzó a elaborarla en 1984, en cuanto concluyó el gobierno militar del que fue entusiasta funcionario y que contrajo esa deuda odiosa. Experta en este tipo de transiciones, la Iglesia Católica apoya su nominación para el Premio Nobel de la Paz.

(Los documentos respectivos del “State Department’s Argentina Project” son los identificados como “Deputy Foreign Minister Allara Meeting With Assistant Secretary Todman”, 11 de noviembre de 1977; “Mother Group Disappearances: ‘Montonero’ Document Becoming Inoperative”, 22 de diciembre de 1977; “MFA Consternation At U.S. Human Rights Attitudes”, 8 de febrero de 1978; “Ambassador Chats with Capt. Allara”, 20 de julio de 1978; “MFA Probe On U.S. Response to Timerman Release”, 22 de marzo de 1979 y “GOA Displeasure Over Department’s Statement On Argentina Trade Union Detentions”, 3 de mayo de 1979.)