La jueza de Mendoza Olga Pura de Arrabal, que suspendió la aplicación de la ley de medios, presentó una carta ante el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que dice que como consecuencia de ese fallo la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) –que lidera Luis D’Elía– le inició una causa por daños y perjuicios por la que ya fue citada para hoy a una audiencia de mediación. Para ella esto implica una situación de “gravedad institucional”, porque “es una jurisdicción manifiestamente incompetente en lo territorial”. La FTV reclama dos millones de pesos porque, debido a la suspensión de la ley, no puede iniciar las transmisiones de dos señales de televisión que le fueron concedidas. Además de la jueza fueron denunciados el diputado Enrique Thomas y los camaristas Roque Romano, Alfredo López Cutiño y Julio Petra Fernández, que integran el tribunal que confirmó la medida cautelar contra la nueva ley. La presidencia de la Corte dio a conocer la carta pero no se pronunció y la giró a la Asociación de Magistrados.