Los opositores porteños presentaron el informe preliminar de la comisión de evaluación de los legajos de la Policía Metropolitana. Aunque indicaron las trabas que puso la gestión PRO para evitar el acceso al material, los legisladores advirtieron que de la plana mayor de la Metropolitana el 73 por ciento de los altos mandos actuaron en la dictadura, el 82 por ciento de ellos viene de la Federal y otro 17 por ciento proviene de la purga de esa fuerza en 2004. Encontraron, además, una grave falta de información y control sobre quienes ingresan. El documento será presentado en la comisión investigadora especial, si logran crearla el 12 de agosto.

“El jefe de Gobierno, ante el anuncio de este informe, organizó un partido de rugby con la Metropolitana en la Villa 1-11-14”, indicó Gabriela Alegre. “El que conduce ese operativo es Ricardo Ferrón”, acotó Rafael Gentili, sobre el policía al que Marcelo Parrilli acusa de haber participado de la detención de dirigentes del CELS durante la dictadura. En el informe recomendaron que se crucen los listados de los agentes con otros organismos de control, otras policías, con la Justicia y con las organizaciones de derechos humanos (en especial, el CELS y la Correpi).

De la conferencia de prensa participaron Gabriela Alegre, María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria), Marcelo Parrilli (MST), Diana Maffía, Juan Pablo Arenaza (Coalición Cívica), Rafael Gentili, Julio Raffo, Delia Bisutti (Proyecto Sur), Claudio Presman (UCR), Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) y Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires).

- Transparencia macrista: Advirtieron que, gracias al bloqueo que ejercieron los legisladores de PRO, pudieron revisar tan sólo 52 legajos, el 5,6 por ciento del total de 926 que tenía previsto ver. “No pudimos tener acceso directo a los legajos en papel; los digitalizaron y los proyectaban sobre una pared. Nunca pudimos cotejar si estábamos observando la totalidad de la documentación o lo que decidieran mostrarnos”, indicaron en un comunicado conjunto. “Se solicitó el listado de todos los miembros, al que nunca pudimos acceder. Tampoco tuvimos el organigrama. Nuestra intención es seguir revisando, pero en condiciones de mayor seriedad”, consideró Alegre. Los 52 legajos que sí vieron comprenden la plana mayor de la Metropolitana. El informe preliminar señala:

- Falta de información y control: “Resultaron evidentes la desprolijidad y la falta de rigor y seriedad con que habían sido conformados los expedientes a los que accedimos: no se exigió presentación de foja de servicio policial, sólo en algunos consta. En otros, los certificados de antecedentes penales son posteriores al ingreso”. No hay acreditación, en muchos casos, ni del examen psicofísico ni de el curso de nivelación, tampoco constataron si son parte de empresas de seguridad privada. “Macri cercenó la Ley de Seguridad con varios decretos, por los que permitió que cobraran dos sueldos, que no hicieran los cursos de capacitación”, planteó Ruanova. “Que no tuvieran el secundario completo”, agregó Maffía.

- Una pesada herencia: Treinta y ocho de los 52 altos mandos –incluidos los cuatro superintendentes– actuaron en la dictadura. “Algunos de ellos en lugares denunciados como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado”, sostuvieron. “Lamentablemente, el informe del PRO minimiza esta situación, inclusive apelando a argumentos como la obediencia debida”, plantearon. Como ejemplo, los opositores ofrecen a Ferrón, cuyo legajo deja en claro que está “especializado en inteligencia e ingresó a la Policía Federal en 1976”.

- Inteligencia: “Al leer los currículum de los aspirantes se pudo verificar que varios de los miembros de conducción se capacitaron en materias como ‘lucha antisubversiva’, ‘guerrilla urbana’ e ‘inteligencia’ en la época de la última dictadura militar o con posterioridad”. También mencionaron el caso de dos policías que fueron enviados a un curso de “contraterrorismo” en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador. La School of Americas Watch emitió un comunicado –al que accedió Página/12– en el que la llama “una nueva escuela de asesinos”. “El programa de la ILEA se alinea con la tristemente célebre Escuela de las Américas: el entrenamiento en represión, espionaje político, tortura física y psicológica que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional”, advierte el organismo de derechos humanos estadounidense.

- Antecedentes penales: “El gobierno de Mauricio Macri removió al menos a 23 agentes, entre los que se incluye a seis comisionados por tener antecedentes penales, que fueron denunciados en la Legislatura o por investigaciones periodísticas. El gobierno se adelantó a la posibilidad de que revisáramos la forma en que fueron admitidos”, indicaron. También señalaron que la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, pidió informes sobre dos casos y no le contestaron, pero los dieron de baja. De los 52 altos cargos, 43 provienen de la Policía Federal. Nueve fueron pasados a disponibilidad en la purga de 2004. “El cincuenta por ciento de los oficiales separados en aquel momento tenían alguna causa judicial abierta o un sumario administrativo. Pese a esto, el gobierno porteño no realizó ninguna averiguación”, apuntaron.