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Baltasar Garzón se arrellena en la butaca del avión y le pide con desparpajo a la azafata: “Hay mate”. La chica se sorprende. Es que el juez español es casi un argentino más. La bienvenida entre los organismos defensores de los derechos humanos y las víctimas que se confesaron frente a él cuando en la Argentina estaba mutilada la Justicia compensa, en parte, el trago amargo de su suspensión como magistrado de la Audiencia Nacional. Por atreverse a investigar los crímenes del franquismo lo están juzgando. Garzón reivindica los procesos que se activaron a partir de la nulidad de las leyes de impunidad y advierte: “Un país no se puede construir sobre miles de cadáveres sin dar una respuesta. Eso no es viable. Porque el problema vuelve a reproducirse. Argentina es un ejemplo en la defensa de los derechos humanos”.

–Estuvo reunido con el canciller Timerman, ¿cómo es eso de que hay una posibilidad de que empiece a hacer algo trabajando para la Argentina?

–No, no es tanto trabajando en la Argentina. El canciller Héctor Timerman tiene una idea que me parece muy positiva: es colocar a la Argentina en el centro de la defensa de los derechos humanos, darle la importancia que merece a esa lucha de los derechos humanos. En ese marco, hablamos de alguna posibilidad de colaboración en diferentes programas, todavía por definir, en esa idea de promover la figura de Argentina como núcleo de la defensa de los derechos humanos.

–Cuando en 1996 recibe la presentación de la Unión de Fiscales Progresistas para abrir los juicios en Argentina fue el inicio, la puesta en práctica de lo que se denomina Justicia universal.

–Había algunos precedentes en España, y yo mismo en 1995 había puesto en marcha en el ámbito del terrorismo, del tráfico de drogas, incluso en el ámbito del terrorismo internacional. Pero es verdad que aplicado a crímenes de genocidio, a crímenes de lesa humanidad, a crímenes internacionales cometidos o acontecidos fuera de España, con o sin víctimas españolas bajo el criterio que la víctima es universal se iniciaron estos juicios. La novedad está en que por primera vez se aplicaba, a este tipo de crímenes, una ley que permitía eso. La razón no es que permitiera, sino que obligaba. Hemos conseguido dar un ámbito entre todos, con la cooperación de distintos países. Aunque en estos momentos las agresiones sean las que están preponderando.

–¿Cuáles son esas agresiones?

–Creo que se enfoca el tema desde una perspectiva equivocada. Se considera que es un riesgo, que es una amenaza. Por razones económicas, por razones políticas, por razones de estabilidad diplomática. Que sea universal no es ni más ni menos que la cláusula de cierre para evitar que la impunidad se produzca. Pero impunidad no respecto de cualquier delito, sino de los delitos más graves que atacan a la comunidad internacional. Y lo que hoy día no podemos es mantener esa doble ética de una cosa hacia afuera y una cosa diferente hacía adentro. Y de que cuando se trata de crímenes que afectan a los responsables políticos de un momento determinado, o militares o de cualquier otro orden pero de un nivel muy alto, en los países respectivos se cierre la posibilidad de investigación y de sanción. Eso es absolutamente inaceptable. Y si eso se produce tiene que haber una reacción en cualquier país del mundo, en cualquier organismo internacional. Siglo XXI no puede ser sinónimo de impunidad.

–Cuando esto sucede, son los países más poderosos los que más restricciones ponen...

–No creo que sea una cuestión de los países más poderosos. Todos los países son reticentes cuando desde afuera se plantea el principio de Justicia universal. Se les plantea la realidad de que no están haciendo lo que deben. De que, por tanto, cabe una acción judicial externa. Con respecto de España será coincidencia o no, pero todas las alarmas han saltado cuando se han iniciado procesos con respecto de China en relación con el Tíbet, de Israel en relación con Palestina y de Estados Unidos en relación a Guantánamo. Las normas son iguales para todos. Y ahí lo único que sucede es que la propia acción de los jueces ha moderado la actividad y ha buscado una serie de requisitos que demuestren que no se está haciendo nada en los países respectivos, que no se va a hacer nada y sólo entonces, pueden actuar. Y hoy día, pues, en España a partir del día 4 de noviembre de 2009, existe una nueva ley donde establece una serie de restricciones. Tiene que haber víctimas españolas o que el victimario esté en España. O que no exista un procedimiento abierto o que exista un vínculo específico con España, que justifique la actividad de la jurisdicción española. Bueno es un retroceso en cierta forma, pero si interpretamos objetivos positivos y proacciones, al final el marco sigue siendo el adecuado.

–¿Alguna vez pensó que podría encontrarse suspendido como juez?

–Por el tipo de asuntos que se investigan, hay un riesgo de complicación importante. No solamente físico, sino también jurídico. Pero creo que hay que tener las cosas muy claras. Si uno está convencido de que aquello que se ha estado haciendo corresponde a los márgenes que exige la ley, y que defiendes una interpretación determinada en la que no solamente estás tú, sino muchos más juristas los que opinan lo mismo, tienes que avanzar. Abrir caminos siempre es arriesgado. Sucedió con el tema del terrorismo, sucedió también con el tema de Argentina y de Chile, y puede suceder en otros ámbitos también. Creo que el juez tiene esa obligación, siempre y cuando se plantee el hecho ante él, y tenga que optar por proteger a las víctimas, o investigar.

–¿Usted cree que España en algún momento va a revisar su propio pasado también?

–Los italianos dirían “chi lo sa”. Yo creo que hay un movimiento importante de víctimas que están tratando la aplicación de la ley de memoria histórica y su eventual ampliación. De tener una satisfacción de extender la recuperación de los restos de sus seres queridos. Yo creo que es un derecho fundamental. El tema está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. Nos tenemos que, de momento, someter a esa situación.

–¿Qué aprendió a partir de los procesos realizados en Argentina, teniendo en cuenta la influencia de lo que usted hizo en España?

–He aprendido que sin entrar a valorar políticamente ninguna de las opciones, en la situación actual el gobierno optó porque los términos justicia, reparación, verdad, se hicieran efectivos. Un país no se puede construir sobre miles de cadáveres sin dar una respuesta. Eso no es viable. Porque el problema vuelve a reproducirse. He aprendido que cuando esa decisión se toma con la Corte Suprema y antes con el Parlamento en forma clara y tajante, ese país comenzó a cambiar. Estoy convencido, aparte de algunos mensajes preelectorales, que sea cual fuere el gobierno que la Argentina tenga, hay cosas que no se pueden volver a atrás.