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El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

–¿Cómo recibió la resolución?

–Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

–¿Cuál era el criterio de Garzón?

–Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

–La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?

–Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

–Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

–La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?

–El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

–La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?

–Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.