Martes, 12 de octubre de 2010 | Hoy
EL PAíS › DEFORESTACIóN, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y AGROQUíMICOS
Por Darío Aranda
Deforestación, obras de infraestructura y agroquímicos son las principales causas de conflictos ambientales que contabilizó la Redaf en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Salta. Las poblaciones afectadas responsabilizan mayoritariamente al Estado (75 por ciento de los casos), por lo general del ámbito provincial, por las consecuencias de las obras de infraestructura realizadas y “por no hacer cumplir las leyes que regulan el manejo del bosque, la utilización de agrotóxicos y el funcionamiento de las industrias”. De los dieciséis casos procesados, el 75 por ciento se iniciaron a partir de 2000. “Coincidiendo con el impulso de la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, destaca el informe.
Conviven casos donde ya se produjo la deforestación (31 por ciento) con otros donde el desmonte está cerca de producirse. Destacan el caso de Formosa, con la ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial (a instancia de la denominada “Ley de Bosques 26.169”). La Redaf denuncia que el gobierno provincial no tuvo en cuenta la opinión de los pobladores e implicará la eliminación de grandes superficies de bosques que impactará negativamente en campesinos e indígenas.
También en Formosa se denuncia la contaminación de la fábrica de tanino Unitan y fumigaciones con agroquímicos en campos de soja. En Chaco se alerta sobre la situación de vertidos cloacales sobre familias ancestrales organizadas en la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen y fumigaciones en plantaciones de arroz en la localidad de La Leonesa, a 60 kilómetros de Resistencia.
La organización recuerda que, a diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a toda la población. Si bien las denuncias de los afectados recaen sobre el Estado, en el 69 por ciento de los casos los actores contaminantes son empresas agropecuarias, forestales e industriales que “actúan en complicidad con el Estado en la implementación de un modelo de producción que no respeta los derechos de todas las personas, violando normas nacionales e internacionales”.
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