[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

¿Qué podría unir a un bibliotecario de Luis XIV de Francia con un grupo faccioso de policías ecuatorianos del siglo XXI? La respuesta aparece enseguida en estudios convencionales de política donde circunstancias tan distantes como los caprichos de un antiguo rey absoluto y las cambiantes modalidades golpistas de hoy terminan enlazados por una sola expresión: “golpe de Estado”.

Al bibliotecario en cuestión, el ilustrado Gabriel Naudé, se le atribuye la invención de la expresión que describe las dos situaciones: “coup d’Etat”. Quedó impreso desde el siglo XVII en sus póstumas Consideraciones políticas sobre el golpe de Estado, donde reflexionó descarnadamente sobre los avatares de los monarcas absolutos para mantener el poder.

Desde entonces, forzada por la realidad y más allá del estereotipo sudamericano del derrocamiento de un gobierno civil por militares, la categoría política del golpe de Estado fue adquiriendo muchos matices, a los que hoy vale la pena prestar atención en nuestra región.

Por ejemplo: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reunida este mes en Guyana, tomará nuevos recaudos después del intento encabezado por los policías contra el presidente Rafael Correa. La Unión aprobará una nueva Cláusula Democrática para evitar que cualquier régimen ilegítimo se instale en los países miembros.

La Unasur terminará así el formidable trabajo que había comenzado el ex presidente Néstor Kirchner desde Argentina como secretario general del organismo, cuando impulsó la cláusula con el apoyo de todos los mandatarios de la región.

Pero esta respuesta política, contundente como es, involucra un arco de definiciones que nos lleva nuevamente al principio. ¿Qué es hoy un golpe de Estado? ¿O acaso lo que sufrió el presidente Correa fue apenas un “motín policial” en el que un grupo de alocados oficiales osó llamar por radio a sus colegas rebeldes a “matar al presidente”? Porque, en verdad, después de los acontecimientos hay quienes realmente piensan así.

Se han oído razonamientos de este tipo: no puede calificarse propiamente como “golpe de Estado” el intento contra Correa porque ni hubo intento claro de toma de poder de parte de los autoacuartelados en armas, ni se expresó un programa de gobierno ni se expuso un liderazgo único que coordinara a los rebeldes.

La aproximación es objetable, ya, considerando el contexto de los hechos: en Ecuador, durante los últimos 15 años ningún presidente terminó su mandato. Pero es más que eso.

En aquellos escritos sobre el absolutismo, el bibliotecario Naudé, consejero de Richelieu y continuador francés de las reflexiones de Maquiavelo, dio una vuelta de tuerca más a la noción de “razón de Estado” a la que ya recurrían para justificarse los monarcas si las reglas de la Política, con mayúsculas, no bastaban a sus fines.

Naudé definía los “coup d’Etat” de entonces como “acciones audaces y extraordinarias” a tomar ante “empresas difíciles y rayanas en la desesperación, contra el derecho común, y sin guardar ningún orden ni forma de justicia”, en nombre de un “bien general” que involucraba una plebe “inferior a las bestias, peor que las bestias y cien veces más necia que las mismas bestias”.

Con el tiempo, las luchas populares fueron forzando el reconocimiento de derechos, por empezar los políticos, pero la teoría tuvo que seguir clasificando nuevos atropellos a la democracia. Así, hay golpes de Estado como los que Argentina soportó entre 1930 y 1983: dictadores militares que terminaron gobernando con el título de “presidentes”. Pero la región también conoció otras variantes del mismo canon, como el “autogolpe” de Alberto Fujimori en los ’90, o la “destitución” de Manuel Zelaya en Honduras en 2009.

El historiador Samuel Finer reconoció, hasta los ’70, al menos cuatro niveles de presión de poderes uniformados sobre el Estado democrático. Salvo el primero, los otros tres constituyen para el autor formas de golpe de Estado.

Un primer nivel de presión sobre el gobierno o el Parlamento en busca de intereses propios. Un segundo nivel de amenaza de uso de la fuerza, una especie de “golpe tácito” como el que obligó a Raúl Alfonsín a adoptar la Ley de Obediencia Debida en 1987.

La presión puede seguir en escalada con el uso de la violencia o amenaza para reemplazar al gobierno civil por otro civil, un tercer nivel que en el caso de Frondizi lo expulsó directamente del poder, reemplazado por José María Guido. Y, por fin, golpes que instalan una dictadura como la de 1976, aunque al pensar esta clasificación Finer no pudo siquiera imaginar hasta donde llegaría el terrorismo de Estado.

Entonces, aceptada la variedad de posibilidades, lo que está en juego es la necesidad de caracterizar ampliamente el fenómeno político de golpe de Estado, para evitar fisuras y mantener a nuestra región unida bajo lo que la Unasur ya denominó en su carta como “valores compartidos” y “enfoques comunes”.

¿Acaso los ataques terroristas que sufrieron en suelo americano tanto Argentina como Estados Unidos no requieren de una misma consideración, tipificación, tratamiento y condena por parte de los países de la región? ¿Cómo dejar fuera, entonces, parte de la gama completa de formas de golpes de Estado cuando el daño a la democracia es el mismo?

En el caso de Ecuador, fue clave la pronta reacción que tuvo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al acudir al país inmediatamente y condenar los hechos calificándolos él mismo como intento de golpe de Estado. Lo mismo debe decirse de la Declaración de Buenos Aires que firmaron los presidentes de la región convocados de urgencia por Kirchner, en defensa del gobierno de Correa.

Esa declaración incluyó un artículo específico que –en este mes de noviembre– en la IV Cumbre de la Unasur de Guyana, se convertirá en la Cláusula Democrática de la Unión. Una vez aprobada, cualquier golpista sabrá que además de repudio enfrentará cierre de fronteras, restricciones de comercio, de tráfico aéreo, de provisión de energía y de otros suministros que impidan la instalación de un poder ilegítimo.

Las democracias de Argentina y América latina experimentaron ya suficientes “coup d’Etat”, golpes de Estado, “motines” y “planteos” o como pueda llamarse a cualquier variante de asalto a la democracia. Ahora, esta categoría política debería volver para siempre a las bibliotecas, “el lugar del ejercicio público de la razón”, como gustaba llamarlas el pragmático Naudé.

* Embajador. Representante Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas.