“Los invito a todos a que participemos, fuertemente, en el diálogo social tripartito: Estado, trabajadores y sector empresario”, reclamó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al cerrar la 16ª Conferencia Industrial que organizó la entidad fabril. En los últimos meses, la relación entre el establishment privado y los gremios se tensó a partir del proyecto de ley de reparto de ganancias empresarias con los trabajadores que impulsa el diputado Héctor Recalde (FpV). El discurso de la Presidenta buscó conciliar esas diferencias. “Son tiempos que exigen la canalización legal de la conflictividad laboral. No podemos ser los más de 40 millones de argentinos rehenes de prácticas que no le hacen bien al país y mucho menos a la actividad económica”, dijo. Los popes fabriles, que denuncian un acoso de los gremios, se mostraron satisfechos. En la primera fila, junto a directivos empresarios, estaba el titular de la CGT, Hugo Moyano. Cristina defendió también la presencia del Estado corrigiendo las inequidades de la actividad privada. Esto último fue en respuesta a declaraciones del ala más ortodoxa de la Unión Industrial, que el día anterior habían aprovechado los distintos paneles para abogar por el libre mercado.

La Presidenta arribó a la Conferencia a las 13.30, secundada por parte de su gabinete: el ministro del Interior, Florencio Randazzo; de Economía, Amado Boudou; de Industria, Débora Giorgi; de Trabajo, Carlos Tomada; de Planificación, Julio de Vido, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. En el estrado se ubicaron también el gobernador bonaerense Daniel Scioli; el titular de la UIA, Héctor Méndez, y el presidente del encuentro, Federico Nicholson. “Buenos días a todos. No visualizo muy bien desde aquí, pero los voy a saludar porque, si no, mañana (por hoy) van a decir que estoy peleada con ellos”, comenzó.

Si bien el llamado a un diálogo tripartito no incluyó una invitación formal, los empresarios se entusiasmaron con la idea. Tampoco se brindaron precisiones sobre la manera en que se llevará a cabo ese acuerdo, si será una reedición del frustrado Consejo Económico y Social o se plasmará bajo otro formato. El Ministerio de Trabajo, que tiene contacto permanente entre las partes, jugaría un papel en la articulación del proyecto, mencionaron fuentes oficiales, sin mayores detalles a esta altura.

El discurso de la jefa de Estado se ancló en los dos sectores, a su criterio, “más importantes” que generó el actual modelo económico: empresarios y trabajadores. “Por eso es tan fuerte y también muchas veces conflictiva la relación entre industriales y trabajadores, porque también está la puja distributiva que no la podemos obviar”, sostuvo. Las cámaras empresarias y la CGT mantuvieron varios cruces en los últimos meses, debido a reclamos gremiales, los cuales se intensificaron con el rechazo de las cámaras que integran el Grupo de los 6 al debate del proyecto de participación de ganancias. “Lo que hay que dar a esa puja y conflictividad es racionalidad institucional y legal”, opinó Fernández de Kirchner. Para mostrarse ecuánime en las decisiones, ejemplificó con el pedido de los sindicatos por la doble indemnización el año pasado. “No lo hice. Lo que necesitábamos era mantener el vínculo de entre trabajadores y empresas, y para eso el Estado tenía que ayudar”, recordó.

Durante las dos jornadas de conferencia, tanto desde los paneles como en los pasillos, se transmitió preocupación y rechazo por la intervención del Estado en la actividad económica. El discurso que más ruido generó fue el de Nicholson, quien sostuvo que la “excesiva intervención estatal ahoga a la economía”. El directivo de Ledesma también había dicho que el Estado no debe “gastar energía en donde no debe”. “Quiero aquí tomar un concepto importante que dijo Freddy Nicholson: es muy importante el tamaño del PBI de un país, pero es necesario que ese país les dé oportunidades a todos los que viven en él, porque no vale tener un gran PBI si no somos capaces de generar oportunidades de trabajo, de conocimientos, de educación para todos sus habitantes”, devolvió la jefa de Estado.

Otro argumento que la Presidenta rebatió fue el de Estado empresario, un concepto que trajo a colación Nicholson el día anterior. “Ya nadie piensa en un Estado empresario, tampoco ya, luego de lo que pasó en el 2008, nadie puede pensar en un mercado que se autorregula sin la intervención del Estado”, contrastó. “Y no es porque quienes estén en el sector privado sean malos, sino porque es imposible que alguien se autorregule en sus propios intereses y no lo haga el Estado en representación de toda la sociedad”, agregó. Como ejemplo de la necesidad de intervenir el mercado citó las políticas llevadas a cabo durante el arribo de los coletazos de la crisis internacional al país. “Este 9 por ciento de crecimiento hoy sería imposible e inexplicable si no hubiéramos aplicado políticas contracíclicas que desarrollamos durante el año pasado”, sentenció.

“Déjenme decirles la Argentina y la industria que yo imagino para el siglo XXI: no vamos a acumular rentabilidad ni por vía de salarios degradados ni tampoco por precios. La rentabilidad debe venir por conocimiento, por innovación tecnológica, y no solamente en terminación de producto, sino en línea de producción”, concluyó. Es por eso que volvió a defender la necesidad de un Estado que “oriente hacia dónde vamos”. “Por eso los invito a todos a participar del Acuerdo Tripartito”, insistió. A pesar de la falta de detalle en la propuesta, varios manifestaron su apoyo a la iniciativa. “La Presidenta es la única que tiene la capacidad para crear ese tipo de consensos”, concedió Méndez. “Fue un gran discurso y es un excelente momento para un acuerdo que nos lleve hacia el futuro”, se sumó el titular de Fiat, Cristiano Rattazzi. Por el lado de las pequeñas y medianas empresas, varios dirigentes se esperanzaron con la posibilidad de terminar con la “matriz de conflictividad” entre privados y gremios.