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Claudio Lozano, director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), cuestionó la política oficial en materia de tarifas desde un enfoque integral. No contempla, señaló al ser entrevistado por Página/12, el papel que juegan las tarifas y la renta de sus prestadores en la definición de las estructuras de poder y la distribución del ingreso.
–¿Cuál es su juicio sobre el criterio oficial de otorgar aumentos de tarifas a cuenta de la renegociación de los contratos?
–Es un disparate que este tema, referido a áreas de servicios públicos privatizados que intervienen y definen precios relativos de la economía, que también definen la estructura de poder político y económico, así como también tienen una incidencia innegable en el nivel de ingresos y de empleo, el Gobierno lo trate simplemente como un mero esquema de tarifas. Es una cuestión que requiere un tratamiento integral, una discusión mucho más amplia y profunda con participación de otros actores sociales. Incluso, hay que verlo desde un enfoque histórico, revisando lo sucedido con las concesiones hasta ahora.
–¿Se refiere a la necesidad de revisar los contratos y su cumplimiento?
–No sólo eso, sino también los resultados económicos obtenidos por las empresas. Cualquier examen serio de lo ocurrido desde las privatizaciones, desde principios de los años 90 hasta la fecha, podría dar cuenta de que estas empresas se han apropiado de miles de millones de dólares. Han violentado, incluso, la seguridad jurídica, al haberse beneficiado de ajustes e indexaciones que estaban prohibidas por la vigencia de la Ley de Convertibilidad, como las aplicadas en función de los índices de precios de Estados Unidos. Un balance sobre los costos y beneficios de estas políticas sobre los resultados de estas firmas seguramente arrojaría que todavía están en deuda con la sociedad argentina, con lo cual las tarifas deberían hoy bajar en vez de subir.
–Se suele argumentar en favor del aumento de tarifas señalando que hay que asegurar la prestación, que hay que garantizar la sustentabilidad del servicio y la explotación. ¿Cuál es su opinión?
–Si se examinan los números de cada empresa prestataria en particular, el resultado es que ninguna tiene problemas de flujo de caja (ingresos corrientes contra costos de explotación). En cambio, sí tienen dificultades por el nivel de endeudamiento, que en todos los casos tiene un origen absurdo y sólo orientado a mejorar la rentabilidad financiera de sus dueños. Obtuvieron ganancias extraordinarias que sacaron al exterior por distintos medios, pero luego han tomado deudas afuera del país para financiar sus inversiones. Inversiones que, por otra parte, todavía tienen un destino discutible y de aplicación dudosa. Entonces, el cuadro actual de dificultades por la deuda en dólares con el exterior no puede ser un argumento para aumentar tarifas, sino que debería ser materia de cuidadosa revisión.
–¿Qué criterio político está siguiendo el Gobierno al definir estos aumentos?
–Esta definición no es otra cosa que una retribución al Grupo de los 7 (países industrializados, origen de la mayoría de las empresas concesionarias) por su apoyo y gestión en favor del acuerdo con el FMI. Esto demuestra que mientras el ministro Roberto Lavagna –en torno de quien se ha hecho una cierta imagen de “progresista”– no se preocupó por modificar los efectos negativos sobre la distribución del ingreso que provocó la devaluación, en cambio sí se preocupó por garantizarle las ganancias a los ganadores del modelo. Antes se hizo con los bancos, garantizándole con fondos públicos la compensación por la pesificación de los créditos, y ahora se hace lo propio con las empresas privatizadas a través del ajuste de tarifas.