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El juez Roberto Andrés Gallardo dispuso una medida de no innovar que impide que la gestión PRO tome cualquier decisión –como un desalojo o un censo– sin autorización judicial y citó a los funcionarios macristas a una audiencia. Su Señoría envió a la Gendarmería a hacer un cerco perimetral sobre el Parque Indoamericano. Además, ordenó dos allanamientos: uno a la sede de la Policía Metropolitana y otro al departamento central de la Federal para recabar documentación de cómo se hizo el desalojo.

El defensor general porteño, Mario Kestelboim, presentó una medida de no innovar ante un juzgado que subroga Gallardo. “Se produjeron violentos incidentes que de-sembocaron en la muerte de dos personas y varios heridos”, recordó Kestelboim en un comunicado, en el que informó que reclamó al magistrado que “se articulen instancias de diálogo entre el gobierno porteño y los habitantes que tengan como eje central la resolución de la cada vez más grave problemática de la falta de vivienda de la ciudad”. También pidió que “se arbitren las medidas dispuestas por los propios protocolos de actuación del Ministerio Público y que se exija al Gobierno de la Ciudad que se garanticen los derechos económicos y sociales de las personas involucradas como paso previo indispensable a cualquier medida policial”.

El procedimiento previo a un de-salojo al que hacía referencia Kestelboim incluye antes de que la policía actúe: un censo, una indagación sobre la situación de cada grupo familiar, la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y del SAME para la situación médica y una evaluación sobre la salida habitacional. Gallardo deberá investigar si todos estos pasos se cumplieron antes del desalojo que terminó con los dos asesinatos.

Por lo pronto, el juez hizo lugar a la medida de no innovar, que implica que el gobierno porteño no podrá tomar ninguna resolución sin consultar al magistrado. Además, envió a la Gendarmería a hacer un cerco perimetral en el parque, que impedirá que entre más gente e identificará a la que sale.

También convocó a una audiencia para ayer a la noche a la que citó al ministro de Espacio Público, Diego Santilli; a la de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal; al titular del IVC, Omar Abboud, y al procurador porteño, Ricardo Mo-nner Sans. También convocó a diez delegados de los ocupantes, al presidente de la junta electoral, Lionel Pérez, y a representantes de la defensoría general y del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Gallardo, además, ordenó dos allanamientos: envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a requisar la sede de la Metropolitana para averiguar si existió una orden judicial que les permitiera actuar en el desalojo a los 160 policías metropolitanos. La medida también podría permitirle al magistrado obtener datos sobre el accionar de la Metropolitana en las villas, que en las últimas semanas tuvo algunos casos llamativos: entre ellos, un operativo antidrogas el día antes de las elecciones en la Villa 31 y la retirada intempestiva de la custodia al censo que hacía la UTN en la Villa 1-11-14 por “falta de efectivos”.

El allanamiento al departamento central de la Federal, a cargo de Prefectura, tenía el mismo objetivo: obtener datos sobre cómo se hicieron los procedimientos y ver si existe un protocolo de trabajo conjunto para casos de desalojo como el del martes.