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La causa en la que se investiga el intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal para que dejara en libertad a los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) presos por el homicidio de Mariano Ferreyra se quedó sin juez, al menos por ahora. El magistrado que la instruía, Luis Rodríguez, se declaró incompetente y la envió “por conexidad” a su colega Wilma López. Se basó en que ella, al rechazar la excarcelación del líder del gremio, José Pedraza, sostuvo que su posible vinculación con la gestión de esa coima demostraría de por sí un intento por entorpecer el expediente. López, a su vez, le pidió a la Cámara del Crimen que diga qué juez debe continuar con el asunto. Ante ese tribunal ayer volvieron a reclamar su libertad Pedraza, su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado Claudio Alcorcel.

El abogado del titular de la UF, Carlos Froment, dijo que la decisión de la jueza de dejarlo detenido fue “arbitraria y errónea” y al apelar sostuvo que no se fugará ni obstaculizará la causa. Alegó que “siempre estuvo a disposición del tribunal”, aun después de los allanamientos en su casa, en la UF y en la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur (una tercerizada ligada a él), que podían hacer presumible su indagatoria. El letrado también reclamó ante la Cámara la libertad de Fernández y de Alcorcel. Resolverá la Sala I, que ya negó excarcelar a siete acusados del homicidio.

La jueza López, basándose en un dictamen del fiscal Fernando Fiszer, había señalado que debían seguir presos por la gravedad de los hechos, el papel central de Pedraza y Fernández como organizadores, su rol social y sus facilidades para fugarse, entre otros puntos; y añadió que ya se habían registrado intentos de entorpecimiento de la causa, en alusión a que “existen probanzas suficientes como para sospechar que el entorno del aquí imputado (por Pedraza) –o incluso él mismo– ha estado en tratativas para ofrecer y entregar dinero a magistrados que deben tomar decisiones vinculadas con el proceso, para que fallen contrariamente a lo que por derecho corresponde. En particular para que revoquen excarcelaciones legalmente denegadas”, en palabras de la fiscalía.

A esa conclusión se llegó por escuchas telefónicas que involucrarían, además de la cúpula de la UF, a un intermediario llamado Juan José Riquelme y al ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, ex defensor de uno de los detenidos, Guillermo Uño. El camarista al que se habría intentado sobornar es Eduardo Riggi y la carátula del expediente es “tráfico de influencias”.