El fallo de la Cámara toma en forma textual y casi elogiosa varios tramos de la exposición de las querellas durante la audiencia de la semana pasada. Por ejemplo, cita el análisis de llamados telefónicos que hizo el abogado Diego Morales, del CELS, que representa a Beatriz Rial, mamá de Mariano Ferreyra. Recuerda que la descripción de los hechos como un intento de “aleccionamiento” a los tercerizados fue tomada de María del Carmen Verdú, quien junto con la abogada del PO, Claudia Ferrero, representa a los heridos Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez. De ellas tomó también las expresiones sobre la preocupación de José Pedraza y Juan Carlos Fernández por la posible pérdida de poder que implicaba para ellos el avance de la protesta de los trabajadores tercerizados. En cambio, el defensor Carlos Fromet recibió críticas e ironías. “No resiste el menor análisis” la “excusa” –dijo el tribunal– de que Fernández no atendía su teléfono porque estaba en reunión el día de los sucesos en Barracas. Señalaron que se contradijo al decir que Pedraza y Fernández tenían “preocupación” por los tercerizados y argumentar que cobraban lo mismo que cualquier trabajador de planta (4 mil pesos). “No había interés en solucionar” el conflicto y –sostuvieron– “es inverosímil” afirmar que el delegado Pablo Díaz armó por su cuenta “el contrapiquete”, “para el que la mayoría de los ferroviarios fue convocado, sin acordarlo y coordinarlo previamente con la línea de la UF que jerárquicamente estaba sobre él”.