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Las pujas de poder, léase las batallas entre el menemismo y el duhaldismo, se vieron reflejadas una vez más en el acuerdo de la Corte Suprema de ayer. Fallaron por la devolución de depósitos en moneda de origen cuatro de los históricos integrantes de la llamada mayoría automática, a quienes se sumó Carlos Fayt. En el otro rincón, como si les hubieran dictado el texto en la Casa Rosada, los tres ministros que se pronunciaron en disidencia sostuvieron que el fallo está viciado de nulidad por incluir el voto de Fayt, un juez que reconoció meses atrás que tiene 200 mil dólares (que transformó en bonos) en un banco público. Dijeron que es un “escándalo y bochorno para el Tribunal”. El Gobierno –que apuesta a generar nuevas vacantes a su favor en el tribunal– podría, si quiere, utilizar ese argumento para volver al ataque.
Lo primero que tuvo que hacer la Corte ayer a la mañana, para poder disponer la redolarización, fue tratar los planteos con que el Banco Nación logró detener la sentencia que iba a salir el martes. Ese paquete incluía un ofrecimiento de bonos por la totalidad de los 247 millones adeudados a San Luis, y la recusación de Fayt y de Eduardo Moliné O’Connor. Como la provincia se presentó a primera hora reclamando el rechazo de esas presentaciones, el grupo de ministros dispuestos a fallar contra la pesificación consideró que todos aquellos planteos caían sistemáticamente y su tratamiento era “inoficioso”. En cambio, Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano atacaron: dijeron que la recusación contra Fayt es admisible porque tendría “un interés concreto en la decisión”, “lo que resulta agravado porque rechace él mismo su recusación”. Incluso lo acusan de “haber ocultado la existencia del depósito” al actuar “en causas similares”.
Fayt tiene un juicio político iniciado por este tema, y esto no parece una buena señal para él, ni para los demás firmantes. Lo curioso es que la propia Corte lo había habilitado para votar a fin de año, en una decisión que incluyó el apoyo del propio Boggiano que ahora lo cuestiona. Ahora apoya un pronunciamiento que alerta sobre “graves consecuencias institucionales”. El Gobierno, por su lado, parece tener ya tres incondicionales en la Corte, y todo hace pensar que va por (uno) más.