En la última sesión del año, y con una conformación a punto de ser renovada, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley por el cual el Estado se compromete a garantizar que cada ciudadana y ciudadano tenga un DNI acorde con su “identidad de género autopercibida”. La votación en general demostró un acompañamiento abrumadoramente favorable a la demanda del colectivo travesti y trans: 167 diputadas y diputados votaron por la aprobación; 17, en contra; 7 se abstuvieron. De acuerdo con el texto de la Ley de Identidad de Género, alcanzará que la persona interesada solicite el cambio de sus datos registrales al Registro Nacional de las Personas. Además, tanto mayores de edad como niñas, niños y adolescentes –en estos tres últimos casos, con acompañamiento de sus padres– podrán acceder a tratamientos hormonales sin necesidad de intervención judicial. Para las intervenciones quirúrgicas, solamente se requerirá la participación de la Justicia cuando la persona, aun cuando cuente con acompañamiento de sus padres, sea menor de 18 años. En todos los casos, los tratamientos estarán incluidos entre las prestaciones de Plan Médico Obligatorio.

El proyecto se volverá ley en caso de ser aprobado en el Senado, algo que difícilmente ocurra en lo que resta de 2011. Las organizaciones de la diversidad, que anoche celebraban en las inmediaciones del Congreso el resultado de más de cuatro horas de debate intenso en la sesión, estimaban que en el primer semestre de 2012 la identidad de género podría estar formal y legalmente garantizada en Argentina.

El tratamiento del texto que había obtenido dictamen en comisiones tres semanas atrás fue arduo. Iniciado alrededor de las cuatro de la tarde, y a pesar de haber contado con el visto bueno de las comisiones de Legislación General y de Justicia, sólo cerca de las ocho y media de la noche obtuvo la sanción en general. Hora y algo después, con nuevos debates, se terminaba la aprobación en particular de sus artículos. En la gran mayoría de los casos, las discusiones se centraron en la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes accedieran a la modificación de sus datos registrales y a la atención médica necesaria para que su cuerpo sea el que deseen, en función de su identidad de género autoconstruida y autopercibida.

Al inicio del tratamiento en el recinto, la diputada Vilma Ibarra (NE), presidenta de la Comisión de Legislación General, pidió la sanción de la ley para que “las personas trans puedan desarrollar su plan de vida” con autonomía. El género, recordó, tiene que ver con cómo una persona se percibe a sí misma, y muchas veces “no coincide con el sexo que nos fue asignado en nuestra partida” de nacimiento.

Durante las horas del debate, Ibarra, al igual que diputadas y diputados como Fernanda Gil Lozano (CC), Adriana Puiggrós (FpV), Marcela Rodríguez (DIP), Cecilia Merchán (LdS), Silvia Vázquez (Forja), Roy Cortina (PS) y Agustín Rossi (FpV), defendieron una y otra vez estos conceptos. Les sumaron la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y discutieron, por momentos muy fuertemente, con diputados, como Federico Pinedo (PRO) o Fernando Iglesias (CC), que sostenían la necesidad de judicializar los casos en que se requiriera intervención quirúrgica. Las objeciones se sustentaron, principalmente, en que una persona menor de 18 años no debería poder tomar decisiones que impliquen cambios irreversibles sobre su propio cuerpo. “Es curioso”, comentó Gil Lozano, que parte de la sociedad no vea con malos ojos “que chicas de 15 años” se sometan a cirugías estéticas para agrandar su pecho, pero sí presente reparos a cuestiones de derechos.

Alrededor de una hora se debatió en particular acerca de artículos que referían la edad necesaria para acceder a cambio de datos y tratamientos médicos. Finalmente, se sancionó un texto de consenso que contempla la posibilidad de que toda persona, sin importar su edad, pueda demandar un DNI acorde con su identidad de género y acceder a tratamientos hormonales. En caso de ser menores de edad, deberán contar con apoyo de sus padres. Las y los mayores de edad podrán acceder, también, a intervenciones quirúrgicas sin necesidad de que la Justicia interfiera. Las y los menores, en cambio, requerirán, además de su propia conformidad, la autorización de sus representantes legales y autorización judicial.

Anoche, al cierre de esta edición, activistas del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género celebraban en las inmediaciones del Congreso. “Esto significa inclusión social y no perjudica a nadie, todo lo contrario”, evaluó Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero. Diana Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, consideró que la sanción “va a ser bisagra, va a permitir acceder a muchos otros derechos que están siendo violados”.

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