No es la primera vez que se ponen obstáculos a un aborto no punible en Entre Ríos. En 2011 hubo otro caso: el de una mujer con una patología cardíaca muy grave, a la que le impidieron un aborto terapéutico en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, a pesar de que un comité de bioética había indicado la interrupción del embarazo porque su continuación ponía en peligro su vida, y de que ella había dado su consentimiento. La mujer –de escasos recursos, identificada como Mónica– fue derivada al Hospital Posadas de la localidad bonaerense de Haedo –porque el embarazo era de alto riesgo–, donde permaneció en reposo, internada, hasta que le hicieron una cesárea. Y una semana después sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, que le produjo una parálisis del brazo y la pierna izquierdos, tal como informó Página/12.

Antes, en 2007, una adolescente con discapacidad mental que había sido violada, también de condición humilde, tuvo que llegar hasta el Superior Tribunal de Entre Ríos para conseguir un aval judicial para acceder a un aborto no punible. Pero aun con esa autorización, ningún hospital en Entre Ríos quiso realizar la práctica y la joven tuvo que ser trasladada a otra provincia por orden del entonces ministro de Salud de la Nación Ginés González García, para garantizar el aborto no punible.

La posición del actual ministro, Juan Manzur, es otra: ayer ordenó que ningún funcionario de la cartera nacional emitiera declaraciones sobre el caso, según pudo saber Página/12. De todas formas, hay dos protocolos elaborados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que establecen claramente cómo actuar en estos casos. La Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles determina que los hospitales no deben exigir autorización judicial para llevar adelante la interrupción de embarazo solicitada –si está amparada por el Código Penal, como en este caso–. Al mismo tiempo, el flamante Protocolo de Atención Integral de Personas Víctimas de Violación Sexual, presentado en diciembre por el subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto, establece puntualmente que los servicios hospitalarios deben ofrecer la alternativa de un aborto no punible en casos de embarazo causado por una violación o abuso sexual.