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Un informe de la Procuración porteña contradice los planteos que hizo ayer en la conferencia de prensa el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para no recibir el subte. En el dictamen que avaló el aumento del 127 por ciento, un funcionario macrista se deshace en argumentos para afirmar que los subtes son de la ciudad “originariamente” y que el traspaso le permitía fijar las nuevas tarifas.

El documento está firmado por el procurador adjunto Carlos Tambussi y lleva la fecha del 5 de enero de 2012. Allí, el letrado recuerda el acta acuerdo que firmó el gobierno porteño con el nacional para iniciar la transferencia del subte. Mediante esa acta, “la Ciudad asumió el control y la fiscalización del contrato de concesión en todos sus aspectos, incluyendo la potestad exclusiva de la fijación de la tarifa correspondiente al servicio”.

El mismo funcionario debió contestar a un requerimiento del fuero Contencioso Administrativo ante el amparo que presentaron diversas organizaciones civiles, que reclamaban que se hiciera antes la audiencia pública en la Legislatura. En el apartado que se titula “materialización de la transferencia e inicio del proceso”, Tambussi indica que los subtes se habían mantenido en la órbita de la Nación “sin que se haya formalizado el traspaso hasta la firma del acta de fecha 3 de enero de 2012”. El funcionario macrista advierte que a partir de allí se inició “el proceso de transferencia concreto y recuperada por la Ciudad la potestad sobre el servicio de transporte subterráneo”, por lo que el aumento de la tarifa fue “en legítimo ejercicio de facultades propias”.

“La Ciudad recupera algo que le es propio”, afirmó en el escrito entregado a la Justicia el 13 de enero. “La Ciudad es la titular primigenia de las facultades concernientes a la planificación, ejecución y control del sistema de transporte subterráneo”, insistió. “No hay un acto nuevo o extraño a la Legislatura que pueda resultar violatorio a la disposición constitucional”, indicó el letrado para descartar el aval legislativo. En su defensa, citó la Ley 373, que le permitía al Ejecutivo recuperar el control y la fiscalización de las líneas.