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Con respecto al problema creado por el ingeniero Macri acerca de la transferencia a la Ciudad de la gestión y control del transporte público, es preciso ordenar una agenda que consolide una política de Estado. Se ensamblan, al menos, cinco dimensiones: el desarrollo económico incidiendo en los contingentes que se movilizan diariamente, la necesidad de un master plan de transporte en sintonía con una planificación urbana y ambientalmente sustentable, la política fiscal y de incentivos, la normativa de las relaciones interjurisdiccionales y la estrategia de regulación de los servicios públicos.

El crecimiento económico en el Area Metropolitana verificado desde el 2003, el estancamiento de la dinámica poblacional de la ciudad y el acceso al automóvil por parte de los sectores medios acentuaron su “uso económico” y el transporte particular. Este predominio relativo, hoy, limita al transporte público y, en forma dialéctica, se ve impulsado por los déficit del sistema público. Resulta necesario un sistema de incentivos con subsidios cruzados, que incida en los parámetros de movilidad deseados. El desincentivo económico al automóvil debe pasar a fondear gastos corrientes e inversiones en transporte público.

El descalce que genere la asignación específica de estos recursos en los ingresos corrientes de la Ciudad debe compensarse con herramientas tributarias nuevas. Asimismo, hay que revisar e incluir toda la cuenta de los denominados Ingresos no tributarios.

Las tarifas deben ajustarse según la situación socioeconómica del usuario. La decisión de Cristina Kirchner de implementar la tarjeta SUBE demuestra su coraje y su capacidad y creatividad.

La regulación y el control deben estar en cabeza del Estado local. En forma concomitante, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y las entidades de consumidores deben fijar pautas de calidad de servicio. La Auditoría General de la Ciudad deberá elaborar un informe sobre el funcionamiento de las concesiones e incorporarlo en sus planes anuales.

A la dirigencia porteña le llegó la hora de sumar más responsabilidades, propias de una mayor autonomía. Tenemos diferencias ideológicas con Macri, pero aceptamos los mandatos populares y las obligaciones institucionales. Nos sentaremos a trabajar y colaborar, desde nuestro rol, para armar el mejor sistema. Pero nuestro límite es que a la recíproca Macri vulnere esos mandatos, guiado por especulaciones de corto plazo.

* Auditor porteño kirchnerista.