La investigación parlamentaria británica sobre la relación de los medios con la dirigencia política y las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la propiedad y el pluralismo en radio y televisión tienen pálido, tendencioso o nulo reflejo en los grandes medios argentinos, tal vez porque arrojan luz sobre algunas de las cosas que se discuten, o que deberían discutirse, aquí. El ex primer ministro conservador John Major reveló ante la comisión investigadora el pliego de condiciones que le presentó el empresario Rupert Murdoch. Major dijo que aquella cena del 2 de febrero de 1997 era inolvidable, “porque no es frecuente que alguien se siente frente a un primer ministro y le diga: ‘Me gustaría que cambie su política, porque de otro modo mi organización no podrá apoyarlo’”. La declaración de Major demuestra que no bromeaba cuando le dijo a Bill Clinton que “un mundo sin periodistas sería un mundo feliz”. Admitió que “había sido demasiado sensible a lo que escribía la prensa”, en la que “me enteré de que pensaba lo que nunca pensé, que dije lo que no había dicho y que estaba por hacer lo que no me proponía hacer. Era desgastante y a menudo reaccioné en forma excesiva”. También criticó la forma “indigna” en que su vencedor, Tony Blair, y el actual primer ministro David Cameron cortejaron a Murdoch. Hasta el viceprimer ministro de Cameron, el liberal demócrata Nick Clegg, cuestionó a los políticos, que “se inclinan y se arrastran” ante Murdoch. El líder laborista Ed Miliband reclamó que se estableciera un tope a la participación de una empresa en el mercado, lo cual obligaría a Murdoch a desinvertir. “No creo que una sola persona deba controlar el 34 por ciento de la prensa británica”, dijo Miliband, y opinó que ese excesivo poder explica la arrogancia del imperio Murdoch. Hasta un 20 por ciento le parece razonable, con un tope que debería discutirse, entre el 20 y el 30 por ciento. Murdoch también posee un tercio del paquete del principal teledifusor británico, Sky, y a raíz del escándalo no se lo autorizó a incrementar esa participación. La cobertura argentina sobre el caso se ha concentrado en la relación entre Cameron y la subdirectora de los medios de Murdoch, Rebekah Brooks. Ambos salían a cabalgar, comían juntos y se comunicaban por mensajes de texto que llevaban la leyenda LOL por “lots of love”, con mucho amor. Miliband dijo que no le interesaba ahogar a un medio, sino garantizar el pluralismo para que ninguno ejerza un poder abrumador. El jueves declaró el propio Cameron, quien reconoció más de cuarenta reuniones con Murdoch, su hijo James y Rebekah Brooks, pero dijo que nunca hablaron de nada impropio. El jueves 7 de junio, la Corte Europea de Derechos Humanos dijo en un caso presentado contra Italia por la empresa de televisión Centro Europa 7, que la dilación durante diez años en entregarle la frecuencia que le había sido adjudicada por concurso, y que ocupaba el grupo Mediaset, del primer ministro Silvio Berlusconi, afectaba la libertad de expresión. Una sociedad democrática debe “garantizar la diversidad del contenido global de la programación, reflejando en todo lo posible la variedad de opiniones que se encuentran en la sociedad”. En el ejercicio de esa libertad los medios audiovisuales tienen un “efecto más poderoso e inmediato que los medios impresos”, que se refuerza por la función de la radio y la televisión como fuente de entretenimiento “en la intimidad del hogar”. Por eso, una situación en la que “un poderoso grupo económico o político obtenga una posición dominante sobre los medios audiovisuales, y de ese modo ejerza presión sobre los emisores y restrinja su libertad editorial, socava el rol fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática”. Para la Corte no deben tener esa posición dominante ni medios estatales ni privados. La Corte también cita una recomendación firmada en 2007 por la Comisión de Ministros del Consejo de Europa según la cual todos los estados “deberían adaptar los marcos regulatorios existentes, en especial en lo referente a la propiedad de los medios y adoptar todas las medidas regulatorias y financieras requeridas para garantizar la transparencia de los medios, el pluralismo estructural y la diversidad del contenido distribuido”. Para la Corte Europea, el grupo de Berlusconi poseía más canales que los permitidos (“over quota”, dice el texto en inglés) y el gobierno modificó la ley italiana para que los conservara más allá del plazo establecido. El Tribunal Europeo de Justicia dictaminó, y la Corte Europea de Derechos Humanos ratificó, que en la transición a la televisión digital esas leyes otorgaban un lugar privilegiado a los operadores preexistentes, y no los obligaban a abandonar las radiofrecuencias que retenían en infracción al tope permitido. Esto redundó en una “reducida competencia”, lo cual constituye “un fracaso del Estado en el cumplimiento de su obligación positiva de aplicar un adecuado marco legislativo y administrativo que garantice el efectivo pluralismo de medios” y permite concluir que se violó el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión e información.