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Una de las matrices del conflicto con los prefectos y gendarmes es que el 79 por ciento de los gendarmes y el 60 por ciento de los prefectos tenían sus sueldos fijados por medidas judiciales, en especial cautelares. Y lo asombroso es que buena parte de esas cautelares las consiguieron estudios de abogados determinados con jueces de los más diversos lugares del interior. Como es obvio, las franjas más pobres de las fuerzas –los marineros y gendarmes rasos– han recurrido poco y nada a la judicialización, mientras que los mandos medios y altos están casi todos abarcados por cautelares. Eso produce desfaces increíbles: un prefecto principal podía percibir 43.243 pesos por mes o 12.260, según qué estudio de abogados manejó su caso o que juez le tocó. Hay gendarmes rasos que cobran 22.219 y los que no están judicializados pueden ingresar mensualmente apenas 3878. Por eso figuró durante la jornada en el pliego de reclamos “que no se toquen los haberes fijados por la Justicia”.

De acuerdo con datos oficiales, casi todos los comandantes generales de la Gendarmería tienen su sueldo judicializado. Se trata del mayor rango en la fuerza. El que más gana consigue 93.557 pesos por mes; el que menos recibe, 30.499, y el promedio de los 26 comandantes generales es de 57.958.

El decreto 1307 tuvo por objeto regularizar esta situación. Un comandante (cuarto rango de la jerarquía) podía percibir en la mano unos 15.000 pesos producto de una medida cautelar. El decreto blanquea buena parte de los suplementos adicionales no remunerativos, lo que lleva a que ese efectivo tenga descuentos por el Impuesto a las Ganancias y por jubilación y obra social. “El mundo blanqueado es así. Justamente las presentaciones judiciales que se hicieron durante años exigían el blanqueo. Y el fallo Zannotti de la Corte Suprema saldó también la forma en la que se hacen los cálculos”, le explicaron a este diario hombres del Ministerio de Seguridad. Allí se considera que la liquidación de haberes se hizo en forma apresurada en la Prefectura y sin ver casos que quedaban en una situación de injusticia. “En el propio decreto están previstos los compensatorios para casos de injusticia”, remarcaron en el ministerio que conduce Nilda Garré.

El punto clave que se estuvo buscando era que todos los efectivos de un mismo grado tuvieran un sueldo más o menos similar, corrigiendo las diferencias siderales que surgieron del juez que resolvió la cautelar, el estudio de abogados y hasta el momento de la decisión judicial. Podría haber pequeños porcentajes de diferencia por antigüedad o algún otro mérito, pero la tendencia es que no existan abismos entre lo que cobran los que tienen igual rango. Hay fallos de magistrados del interior profundo que llaman la atención porque ordenaron liquidaciones descomunales, como los 22.000 de algunos gendarmes rasos o los 16.500 de marineros rasos. Y también llaman la atención los descomunales honorarios cobrados por estudios de abogados en lo que constituyó una fabulosa industria del juicio exclusiva de Prefectura y Gendarmería. Las políticas estatales llevadas adelante durante muchísimos años colaboraron con esta situación irregular, esquivando dar aumentos de sueldos directos, incorporados al básico, y en cambio instituyendo suplementos adicionales no remunerativos, que tenían el efecto además de que significaban aumentos para los retirados.

El efecto fue devastador: el 96 por ciento de los prefectos mayores, el 96 por ciento de los prefectos principales, el 93 por ciento de los prefectos y el 90 por ciento de los subprefectos, o sea los grados de mayor jerarquía, tuvieron los sueldos dictados por jueces en cautelares. Esto los llevó a promedios de entre 21.000 y 35.000 pesos mensuales. Es decir que los superiores de la fuerza consiguieron resoluciones por miles de pesos mensuales; mientras que la franja más pobre, marineros, apenas tenía un ocho por ciento de efectivos que recurrieron a la Justicia. Ese ocho por ciento terminó consiguiendo que magistrados les fijaran sueldos de 16.000 pesos, mientras sus compañeros, el 92 por ciento no judicializado, cobró un promedio de 4800 pesos.

Lo que trascendió ayer a lo largo de todo el día es que la protesta fue azuzada por los cuadros medios y hasta tuvo guiños de mandos superiores, precisamente porque quieren mantener los sueldos que dictaron los jueces con las cautelares. En Seguridad sostienen dos cosas:

- “En los grados más bajos, el efecto que se producirá es el de una suba. Este gobierno ha probado hasta el cansancio que defiende los sueldos de los sectores populares”, afirmó un alto funcionario de esa cartera.

- “La idea es que los nuevos jefes de las fuerzas vean los casos más conflictivos y encontremos alguna solución. No queremos injusticias”, redondeó el mismo funcionario.

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