La querella de la familia del desaparecido responsable de la inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, reclamó ayer una condena de 21 años de prisión para el represor del Batallón 601 del Ejército Héctor Vergez y también pidió que se lo investigue por el delito de violación en perjuicio de la esposa de la víctima. Al iniciarse la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue a Vergez por secuestros y tormentos cometidos en 1977, el abogado Marcelo Parrilli pidió al Tribunal Oral Federal 5 que en su veredicto haga “expresa mención” a que se trató de “delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar genocida”, y sostuvo que “las víctimas están vivas en la memoria de sus familiares y en estos juicios”. Lo hizo en representación de la familia de Coccoz y de su esposa, Cristina Zamponi, sobreviviente exiliada en Europa y querellante en este juicio que se sigue a Vergez por estos hechos y por el secuestro y desaparición del abogado Julio Gallego Soto y del entonces funcionario del Ministerio de Economía Julio Casariego de Bell. Vergez, de 69 años, escuchó las acusaciones luego de haber permanecido en silencio todo el juicio, ya que nunca accedió a prestar declaración indagatoria. Según recordó Parrilli, Vergez fue trasladado desde Córdoba, donde comandaba el centro clandestino de detención La Perla, para ocuparse especialmente de Coccoz en 1977, porque el responsable de Inteligencia del ERP había sido secuestrado 20 días antes y sus captores no lograban que rompiera el silencio. Fue entonces cuando Vergez comenzó a ir a la casa de los padres de la esposa de Coccoz, donde ella se había mudado junto al hijo de tres años de ambos, para informarle que estaba en tratativas con su marido con miras a llevarlos a ambos a Europa y que tenía prohibido salir de esa vivienda.