La ley que se aprobó establece que el gobierno porteño tendrá que convocar a Metrovías “a celebrar un acuerdo dentro del plazo de sesenta días, prorrogable por un período de treinta, para contratar en forma directa la operación transitoria del servicio, por un plazo inicial máximo de dos (2) años”. La empresa estatal Sbase podrá prorrogar ese plazo. La norma deja abierta la posibilidad de que el gobierno porteño defina luego de ese tiempo si administra el subte por sí mismo o a través de Sbase, o si crea un nuevo contrato de concesión con una empresa privada. En un comunicado, Metrovías sostuvo que tiene la “firme voluntad de seguir” frente al subte que controlan “desde hace 19 años”. La empresa del Grupo Roggio consideró que la sanción de la ley “es el primer paso para normalizar la situación que el subte atravesó en todo el 2012”.